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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres rechazó ser presionada para elegir al personal de su ponencia, mucho menos al coordinador como refiere una denuncia anónima contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y otros ex colaboradores del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por los probables actos cometidos entre el 2019 y 2022 que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa.
Esto luego que el 9 de abril, la ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, recibió una denuncia anónima contra Zaldívar y otros ex colaboradores del CJF por los probables actos cometidos entre el 2019 y 2022 que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa.
“Nadie me ha presionado para elegir al personal de mi ponencia, mucho menos al coordinador. De cualquier forma, habría ignorado cualquier intento de presión.
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“Hacer pública la denuncia anónima y el acuerdo de inicio de investigación durante esta etapa electoral que vive nuestro país, constituye un elemento desafortunado tanto para la resolución jurisdiccional del tema, si procediere, como para la coyuntura propiamente política”, manifestó en un comunicado.
Batres abundó que la filtración de una denuncia y de su acuerdo admisorio es ilegal, además pone en riesgo las formalidades esenciales de un procedimiento justo y contraviene la práctica general de la Corte.
“La Suprema Corte no debe servir a intereses facciosos de ninguna clase, ni someterse a la sospecha de que participa a favor de alguna campaña electoral”, aseveró.
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El 9 de abril, la ministra presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña Hernández, recibió una denuncia anónima contra Zaldívar y otros ex colaboradores.
El documento señala que una de las formas para obtener resoluciones acordes a sus fines era el ofrecimiento o venta de favores políticos, un ejemplo de los beneficiados, es la lista de personas aspirantes para ocupar el cargo de consejero de la judicatura federal, propuesta por el senado en 2021, encabezada por Alejandra Daniela Spitalier Peña, brazo derecho de Zaldívar, en la que se incluyó al magistrado Córdova del Valle y Netzaí Sandoval.
Refiere que otra lista fue la de los propuestos para ser magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde el ejecutivo insistió en incluir a Netzaí Sandoval y al juez Artemio Zúñiga. Obligaron a la ministra Batres a tener a Netzaí Sandoval para coordinar la ponencia.
“En otros casos, modificaban los turnos de los asuntos para que conocieran de ellos los jueces que eran de su confianza. Usó al Instituto Federal de Defensoría Pública, del cual era titular Netzaí Sandoval Ballesteros, para presionar a defensores.
“Y asesores jurídicos para que actuaran en procedimientos jurisdiccionales de la forma más conveniente a sus intereses”, precisa la denuncia.
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