“Era una mesa como esta. Miento, era mucho más grande, pero también había mucho mayor seguridad para no acercarnos a los funcionarios”, rememora Valentina Peralta Puga, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos en México, frente a su antigua compañera de batallas.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la mira tranquila, la escucha atenta. Han pasado 20 minutos del inicio de la octava mesa de diálogo sobre la agenda de desaparición y búsqueda de personas y las lágrimas ya brotaron en todos los asistentes.
Valentina recuerda un hecho que dio la vuelta al mundo: la imagen de Nepomuceno Moreno, padre buscador de Sonora que burló la seguridad de una mesa entre el entonces presidente Felipe Calderón y el llamado Movimiento por la Paz, entregándole un sobre amarillo al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
“Él se brincó las trancas y se acercó a Calderón y le entregó el expediente de su hijo en la mano. Delante de nosotros se lo entregó también a García Luna (…) no sabíamos que con eso firmaba su sentencia de muerte. A los 45 días era acribillado en el centro de Hermosillo”, cuenta mientras la imagen del hecho se proyecta en el salón.
Valentina Peralta pide que sean escuchados los jóvenes en primer lugar, los “eslaboncitos”. Hijos, sobrinos y nietos de personas desaparecidas. Las víctimas indirectas de la desaparición forzada que a sus escasos 20 años padecen enfermedades como esclerosis múltiple, depresión y VIH.
Lisania Castañeda, nieta de Amada Puentes González, líder buscadora que falleció el pasado 23 de abril en Nuevo León sin poder encontrar a su hijo, es la primera en tomar la palabra frente a las autoridades de la Segob, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
“A mí me han dicho cuando voy a las búsquedas y a las marchas: ‘¿tú qué haces aquí, si fue tu tío el que desapareció?’, y yo contesto: ‘porque en casa de mi abuela, en las Navidades, desde que tenía yo un año hay una silla vacía y ella está triste’.
“Hoy estoy aquí porque ella era una guerrera que nunca flaqueó. Luchó hasta que consiguió esto, que sus hijos y yo, su nieta, estemos en esta mesa. Ella siguió buscando a su hijo sin descanso, hasta el pasado 23 de abril, cuando murió sin poder encontrarlo”, expresa entre lágrimas.
A Lisania le sigue Valeria Charles, hija de un policía municipal de Apodaca, Nuevo León, desaparecido junto a varios de sus compañeros en 2011, el año en que asesinaron a Nepomuceno Moreno.
“Yo tenía 10 años cuando desaparecieron a mi papá. A partir de ahí, nuestra vida cambió por completo. Él era nuestro único sustento y mi mamá tuvo que trabajar sin tener preparación académica y tres hijos pequeños. Así crecimos solos, con muchas carencias, no sólo económicas, sino emocionales y de afecto”, dice.
También toma la palabra Pablo Hernández, médico inmunólogo que acompaña a la Red Eslabones. Luego de darles a todos los buscadores la fotografía impresa en cartón de su ser querido desaparecido, explica frente a las autoridades las consecuencias médicas y sicológicas que padece una víctima indirecta de desaparición forzada.
“Hay elementos para asociar el evento traumático a otros padecimientos”, como cáncer y otras enfermedades autoinmunes. El médico, con una presentación sencilla, exige a las autoridades garantizar un trato diferenciado e inmediato a las víctimas indirectas de la desaparición.
Sobre eso, Valeria Charles comparte entre lágrimas que, a sus 24 años, tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple, enfermedad que sin medicación constante aumenta exponencialmente. Pero las instituciones de salud en Nuevo León no le garantizan sus medicinas de manera regular.
Lía también comparte su historia. Tenía siete años cuando desaparecieron a su padre en Nuevo León. Su madre tuvo que dejarla a ella y a sus hermanos por mucho tiempo sin cuidado por trabajar. A los 15 años le diagnosticaron VIH.
“Crecí sintiéndome mal por ser una persona diferente, por sentirme una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y por no tener la atención necesaria. Hoy, a siete años de ese diagnóstico mortal, una hora de atención sicológica al mes, que me ofrece el gobierno, no es suficiente”.