La ola de violencia en el país, el algoritmo de odio en redes sociales, la ausencia del Estado para atender y cuidar a las infancias, así como una visión adultocéntrica y revictimizante provoca que niños, niñas y adolescentes aún se mantengan entre las principales víctimas de violencia sexual, física y sicológica en México, advierten especialistas.
Tan sólo en los dos primeros meses de este año se han registrado múltiples casos donde menores son criminalizados, señalados y criticados por sus acciones. Otros han sido violentados y vulnerados por compañeros de escuela, vecinos y hasta por el crimen organizado.
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Un ejemplo es la agresión que vivió Fátima, de 13 años, en su escuela, donde sufría bullying por sus gustos musicales y fue arrojada de un segundo piso.
César fue reclutado por un grupo criminal y posteriormente mutilado y asesinado en Guerrero.
Y hay más casos que causaron indignación nacional, como el de Marianne, de 17 años, quien apuñaló a una adolescente en la Ciudad de México; el de los jóvenes que abandonaron a un bebé en Tultitlán, Estado de México, o el de tres niñas que murieron por comer pan envenenado en Chiapas.
“Al menos los últimos siglos los niños y niñas han sido objeto de propiedad, objetos de violación sexual y se les considera como inferiores. Para los políticos, los funcionarios de cualquier color, de partido político y cualquier autoadscripción, los niños no son priorizados”, explica Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Lamenta que “los niños y niñas no sean considerados personas, lo que produce estos niveles de violencia, además de negar su dignidad, su participación y de reconocerles como iguales”.
Sobre recientes iniciativas que buscan reprimir y culpabilizar a niños, niñas y adolescentes sobre la violencia digital y el posicionamiento de autoridades educativas, que apuntaron que no hay pruebas sobre la agresión a Fátima, Pérez García advierte que las autoridades continuarán con posturas similares que revictimizan y no garantizan justicia ante estos casos.
“Esta lógica niega los derechos de niños y niñas y con todo el cinismo del mundo miente. Las fiscalías no investigan, solamente se guían por prejuicios y rompen los casos filtrando información, violando el debido proceso. Revictimizan a niños, niñas y a sus familias, generalmente las más pobres”, expone.
Grupo etario con más riesgo
Malcom Aquiles Pérez, director de Incidencia en Políticas Públicas y Movilización de World Vision México, refiere que al consultar a niñas y niños, se detectó que el hogar era una zona de riesgo para vivir violencia, sobre todo de 10 a 17 años.
“De los seis a los nueve años se detecta la violencia sicológica como el fenómeno más inmediato, y a partir de los 10 años se incrementa el número de situaciones de violencia física y de violencia sexual en el hogar. Le sigue la calle, el mercado, las centrales de autobuses y la escuela”, indica.
La organización ha identificado que las instituciones que deben responder ante una denuncia tienen capacidades limitadas. Así, de 10 posibles casos de violencia, solamente se pueden atender legalmente tres o cuatro.
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“Y hay seis casos que pasan totalmente en la impunidad a nivel nacional. La Procuraduría de Protección a nivel municipal o estatal tiene poca capacidad para poder atenderlos. También detectamos que en la pandemia de Covid-19 el fenómeno de violencia se potenció, hubo un incremento de uso de redes sociales y una brecha generacional entre los padres y cuidadores”, añade.
Dulce Leal, directora de Incidencia y Política Pública de Reinserta, considera que omisiones por parte de autoridades y padres de familia, la falta de prevención en temas de salud mental, educación sexual y de la prevención del bullying en las escuelas son factores para que los menores sean los más vulnerados.
Asegura que hablar de salud sexual implica más allá de la prevención de un embarazo o cómo abortar, sino una serie de situaciones para prevenir hasta abusos sexuales, algo que como sociedad mexicana hace falta.
“Invisibilizar un problema nunca ha sido la solución para resolverlo, estamos siendo omisos y digo estamos porque es una responsabilidad colectiva”, afirma.
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La sicología
De acuerdo con el jefe del área de Neurociencia del departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, Óscar Galicia Castillo, los niños y adolescentes que realizan el bullying; por ejemplo, enfrentan períodos de experimentar violencia, tener falta de comunicación, educación y formas de expresar las emociones de manera correcta.
“Aquellos que no tienen la estrategias sociales para convertir su enojo, de expresar de manera adecuada sus necesidades, de exigir de manera adecuada sus derechos. Cuando no tenemos eso, resolvemos los problemas de manera agresiva. La agresión subyace a todas las especies, incluyendo a la humana”, refiere el experto.
Menciona que la violencia en sí misma tiene consecuencias no sólo inmediatas, sino también a largo plazo tanto en víctimas como en victimarios. En las primeras, habrá un incremento en los niveles de ansiedad, en la incidencia de casos de depresión que pueden ser de moderados a severos, muy severos, así como el abuso de sustancias.
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“Incrementa los factores de riesgo de desarrollar algún trastorno mental de manera importante. Si se experimenta violencia durante mucho tiempo, habrá problemas de adaptación posterior a diferentes niveles: social, familiar, de pareja, laboral, etcétera. Incrementa la susceptibilidad y la fragilidad de la persona a eventos posteriores”, puntualiza.
Mientras que las personas que ejercen violencia generan un patrón de resolución de problemas a través de la agresión y la violencia. Y cada vez más se desensibiliza ante el dolor: ya no le interesa el sufrimiento del otro, por lo que requiere un tratamiento sicológico profundo.
“No estamos aplicando protocolos para la atención al bullying, hay omisiones tanto de autoridades como de padres de familia, son cosas que no estamos haciendo y que tendríamos que cuestionarnos de qué forma tenemos que involucrarnos en estos temas. La falta de acceso a información, la falta de acceso a servicios, a eso se le suman contextos violentos o de marginación”, enfatiza Galicia Castillo.