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Un juez de distrito ordenó a la Secretaría de Salud elaborar una política de estado en materia de salud mental para las mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 16 en Morelia; mientras que al Centro le ordenó garantizar personal psiquiátrico para evitar más suicidios y afectaciones médicas.
Según informó el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Morelos resolvió el juicio de amparo indirecto 21/2024, mediante el cual se determinó garantizar el derecho a la salud mental y otros derechos de 16 mujeres privadas de la libertad.
Sin embargo, una de las quejosas falleció durante el proceso (en condiciones de aparente suicidio): “muestra de que las medidas tomadas por la autoridad penitenciaria en cumplimiento de la suspensión de plano otorgada no fueron suficientes”, señaló.
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Este fallo deriva de un amparo promovido en diciembre de 2023 por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, en colaboración con la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP, en el que, a partir de estándares nacionales e internacionales, se reconoce la obligación de las autoridades penitenciarias y otras corresponsables de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la vida libre de violencia de las mujeres privadas de libertad, lo requieren de una adecuada regulación así como fiscalización y supervisión eficaz de la prestación de servicios de salud.
“El Juez de Distrito consideró la diversa información presentada por las partes, incluyendo 16 opiniones técnicas elaboradas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, y determinó que las autoridades responsables no acreditaron haber garantizado el acceso a especialidades médicas tales como traumatología, ortopedia, ginecología, nutrición, oftalmología, neurología y gastroenterología”, dijo a través de un comunicado.
Además, determinó que la autoridad penitenciaria no acreditó haber proporcionado de manera continua la atención psiquiátrica a las quejosas, ni que se les hubieran entregado los medicamentos indicados, ni el seguimiento correspondiente a su diagnóstico.
Al respecto, el Juez de Distrito reconoció que dichas conductas "constituyen una forma de violencia en contra de las quejosas quienes (al estar privadas de libertad) no tienen mayores elementos para alcanzar un óptimo estado de salud mental", así como "un abuso total de la posición de poder de las autoridades frente a las mujeres privadas de libertad".
Secretaría de Salud brindará personal médico especialista
A partir de lo anterior, la sentencia de amparo ordena a la Secretaría de Salud, diseñar e implementar una política de Estado en materia de salud mental para las mujeres privadas de la libertad, con planes a corto, mediano y largo plazo; y a las autoridades penitenciarias del CEFERESO 16, les ordena garantizar que personal médico especialista en psiquiatría brinde atención y seguimiento adecuado a las mujeres quejosas.
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También ordena la entrega inmediata de los expedientes clínicos a las mujeres afectadas como parte de su derecho a la información en materia de salud.
“Resulta indispensable en el contexto actual en el que se han registrado 20 fallecimientos por supuestos suicidios en dicho Centro en los últimos años”, agregó el IDFP.
kicp
