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Un juez federal ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconocer como víctima a Mayra Alejandra Buenrostro, debido a que se le violaron sus derechos humanos por el fallecimiento de su hijo menor al explotarle una “narcomina” cuando laboraba en una huerta de limón en Buenavista Tomatlán, Michoacán.
En acuerdo publicado hace unos días, derivado del juicio de amparo de un grupo de jornaleros de Tierra Caliente, Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, solicitó al Instituto de Defensoría Pública Federal (IDPF) asignarle un asesor jurídico para que la asista, en carácter de víctima, sobre los trámites que deba realizar ante la CEAV.
Santamaría Chamú determinó que está demostrado que a Mayra Alejandra Buenrostro, originaria de la comunidad de Santa Ana Amatlán, se le violaron sus derechos humanos, derivado de la muerte de su hijo menor Pablo, ocurrida en febrero pasado.
“Se reitera el reconocimiento del carácter de víctima… Lo anterior, en virtud de que, como se anticipó al momento de proveer sobre la suspensión provisional, se encuentra demostrada la violación a sus derechos humanos, derivado del fallecimiento de su hijo menor de edad, ya que en esta resolución se ha expuesto y ha quedado acreditado el daño o menoscabo que ha sufrido.
"Por tanto, se requiere al representante especial de la aludida quejosa para que la asista, en su carácter de víctima, respecto de los trámites que deba realizar ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, señaló el juez en el acuerdo emitido el 14 de marzo.
Juez pide a la Cruz Roja dar asistencia humanitaria a jornaleros de Tierra Caliente
Asimismo, el juzgador con sede en Morelia, Michoacán, solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a través de su oficina sede en la Ciudad de México, prestar protección y asistencia humanitaria al grupo de jornaleros de la Tierra Caliente de Michoacán que se amparó contra la omisión de las autoridades federales y estatales para retirar los explosivos artesanales sembrados por el crimen organizado, particularmente a Mayra Alejandra Buenrostro.
“Así como para que auxilien a las autoridades del Estado Mexicano, en la medida que resulte necesaria, para que cumplan con las obligaciones impuestas en esta resolución”, indicó.
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El juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, también admitió la ampliación de la demanda de amparo promovida contra actos del Fiscal General y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Michoacán, de quienes Mayra Alejandra Buenrostro reclamó la re-victimización de que ha sido objeto "toda vez que en diversas entrevistas manifestaron que mi menor hijo trabajaba para el crimen organizado violentando una vez más sus derechos humanos fundamentales y tratando así de minimizar la muerte de mi mejor hijo, de quien puedo comprobar plenamente que se dedicaba a la actividad lícita de cortar limón en las huertas, tal y como lo hacen muchos niños y jóvenes de la región”.
jf/mcc
