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Un juez federal consideró que Ejército, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la Fiscalía General del Estado no han realizado las gestiones suficientes para cumplir con la localización, retiro y destrucción de las “narcominas” en la región de Tierra Caliente, que les ordenó en la suspensión provisional que dictó en el juicio de amparo de un grupo de jornaleros contra esta problemática.
Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, afirmó que de los informes justificados entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Ejecutivo de Michoacán y el fiscal estatal, para acatar la suspensión a que se les sujetó, se desprende que las acciones reportadas no acreditan que ya se concretó un plan institucional de acción para atender la situación.
“Dígaseles que dichas gestiones no son suficientes para cumplir con los efectos de la medida cautelar, ya que de ninguna manera acreditan que ya se concretó una coordinación institucional conjunta de dichas autoridades, ni mucho menos que ya emprendieron (con el debido cuidado y atención a los protocolos correspondientes, para garantizar también a dichos elementos comisionados el derecho a la vida y a la integridad personal), acciones concretas y eficaces para localizar, retirar, desactivar, neutralizar y destruir las minas que se encuentran instaladas en las comunidades de (Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán), así como en todas aquellas áreas o zonas de la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán”, determinó el juzgador.
Santamaría Chamú señaló que la Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó la apertura de dos carpetas de investigación por este asunto, y refiere que ha realizado once peticiones formales a la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, pero no aportó ningún documento que corrobore su dicho.
“Las autoridades responsables: Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de la Defensa Nacional; Comandante de la Guardia Nacional y Coordinador Estatal Michoacán de la Guardia Nacional; Gobernador Constitucional; y Fiscal General, ambos del Estado de Michoacán, negaron los reclamos que se les atribuyen. Sin embargo, tales aseveraciones se desvirtúan”, señalo.
Asimismo, ordenó a las Fiscalía General de la República y a la Fiscalía del Estado de Michoacán acreditar que ya iniciaron las carpetas de investigación correspondientes por la situación de los artefactos explosivos sembrados por el crimen organizado.
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Indicó que de no haberlo hecho ya, deberán iniciar la correspondiente carpeta de investigación por el delito de terrorismo contemplado en el Código Penal Federal, con independencia de que los hechos de mérito configuren uno o más delitos autónomos al indicado.
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