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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en junio pasado la reforma secundaria para cristalizar la creación de los jueces sin rostro; sin embargo, especialistas y legisladores manifestaron su preocupación por la ausencia de claridad y de un diagnóstico riguroso.
Ante esta iniciativa, turnada al Senado, EL UNIVERSAL consultó a legisladores y especialistas en diversos rubros para examinar su viabilidad, sus peligros o beneficios.
Opacidad y esquemas de seguridad
Víctor Hernández, experto en seguridad nacional y pública, afirmó que “los jueces sin rostro son una abominación” debido a la falta de rendición de cuentas, pues —mencionó— el ocultamiento de su identidad impedirá medir su eficiencia democrática “porque no se sabe de qué manera están trabajando, lo que podría abonar en mayor medida al rezago judicial”.
Hernández advirtió que esta figura podría derivar en “incentivos perversos” que abrirán la puerta a moches motivados por intereses políticos, económicos, electorales y del crimen organizado por encima de la procuración de justicia.
Aunado a ello, calificó como una “falacia” que la iniciativa presidencial pueda garantizar la protección de los juzgadores con la reserva de su identidad, “porque la mayoría de los países del mundo tienen jueces públicos y el éxito en proteger a sus funcionarios no tiene que ver con el que su nombre sea público, sino con una estructura de cuidado”.
Ante ello, sostuvo que para garantizar la protección de los juzgadores se debe fortalecer el Servicio de Protección Federal e impulsar la creación de un Servicio Nacional de Protección Ejecutiva para funcionarios del Poder Judicial de la Federación, así como de un Servicio Nacional de Contrainteligencia.
Impartición de justicia sesgada
Al respecto, Baldomero Mendoza López, especialista en Derecho Constitucional, vaticinó que la reforma implicará un rotundo fracaso, ”porque tenemos la evidencia, la experiencia de otros países en los que no sirvió para nada”.
Indicó que la figura de jueces sin rostro violenta los derechos humanos de los juzgados y atenta contra la autonomía e independencia judicial, lo que devendrá en una impartición de justicia sesgada, dirigida y no objetiva, “porque un juez que no se sabe quién es puede decidir lo que se le venga en gana”.
Aunque la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea como objetivo que el ejercicio judicial se realice con independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, Mendoza López consideró que ello se logra por otros medios y no ocultando sus rostros. Por ello, enfatizó que, en vez de resguardar la identidad de los juzgadores, tendrían que cesar los ataques desde el Poder Ejecutivo hacia los integrantes del Poder Judicial por sus determinaciones.
Por otro lado, precisó que la reforma no abonará a disminuir los niveles de impunidad ni de incidencia delictiva en el país, “porque los jueces no previenen delitos, sino que imparten justicia una vez que se ha cometido un delito. Entonces, desde luego, el Poder Judicial no está diseñado para disminuir la comisión de delitos”.
“Salidas fáciles” a crisis de inseguridad
Por su parte, María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro Prodh, alertó que esta reforma es un retroceso en materia de derechos humanos, porque prioriza visiones punitivistas y da “salidas fáciles” a un problema más complejo que la administración de justicia y la violencia en México.
Aseguró que los jueces sin rostro vulneran el debido proceso al no garantizar la idoneidad del juez, lo que, puntualizó, pone en riesgo los derechos esenciales de la persona procesada y anula la posibilidad de recurrir a un juicio imparcial, independiente y sin sesgos.
Aunque para la especialista en derechos humanos, el Estado necesita generar esquemas de seguridad para proteger a los funcionarios a cargo de la procuración de justicia en el país, “no nos parece que sea una disputa entre la seguridad de los funcionarios públicos frente a privar de derechos esenciales”.
Ante la iniciativa presidencial, dijo que —pese a que la implementación de esta figura es una narrativa muy alentadora para una sociedad que enfrenta violencia generalizada— no viene acompañada de controles robustos ni de garantías para evitar la violación a los derechos humanos, por lo que refirió que es una propuesta de “salida fácil”.
Intrascendente y sin rigor
Leonardo Curzio Gutiérrez, académico y analista político, catalogó la reforma como “absolutamente intrascendente” ya que no obedece a un diagnóstico riguroso de la realidad y carece de alcance al no tener objetivos claros. Recordó la implementación de juzgadores sin rostro en países como Colombia y Perú, donde, expuso, se pusieron en práctica durante los años 90 con el combate a grupos criminales y terroristas que amenazaban directamente al Estado, y éste buscaba resguardar la identidad de los jueces para garantizar su integridad.
En ese sentido, apuntó que en la época se invocaron legislaciones especiales para combatir al terrorismo, por lo que resaltó que este tipo de figuras son utilizadas cuando el Estado siente que su ordenamiento normal no es suficiente para gestionar esos temas y recurre a legislaciones extraordinarias.
El académico reconoció que, aunque los estados tienen que lidiar con emergencias, “este tipo de leyes contradicen el funcionamiento general del Estado de derecho, por lo que mientras menos haya, mientras menos se usen mejor”.
Para el experto, la iniciativa “abre la posibilidad de un montón de prácticas indeseables y da pie a más preguntas que a los beneficios que sitúa”. Destacó que los jueces sin rostro podrían utilizarse sólo en casos extraordinarios y específicos, “en los que se perciba que hay un riesgo enorme a la integridad de todo el sistema”.
Abundó en que ejecutarla en el contexto mexicano actual resultaría inviable por la desconfianza de la ciudadanía para con los jueces electos con la reciente reforma al PJF.
Plan piloto y ocurrencia populista
Acerca de la propuesta, Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados (Morena), dijo que se trata de un “plan piloto” en el que, expresó, confía para que mejore la impartición de justicia.
Padierna Luna admitió que —aunque tiene pros y contras— “es necesaria en un país como México, que ha estado afectado por el crimen organizado y los juzgadores se han visto presionados”.
Sumado a ello, la diputada morenista defendió la figura de los jueces sin rostro y argumentó que “en estos momentos es necesario, porque queremos abatir la impunidad y las personas juzgadoras pudieran ayudarnos a acelerar las sentencias en contra de criminales”.
Leonel Godoy Rangel, diputado morenista y exgobernador de Michoacán, explicó que, pese a que la reforma es “viable y necesaria”, requiere una reglamentación estricta para evitar suspicacias y violaciones a derechos humanos.
Godoy Rangel mencionó que “el crimen organizado es una empresa y se le debe combatir como tal”, por lo que reiteró que, aunque la propuesta requiere una revisión profunda, “es un paso hacia adelante contra el combate al crimen organizado que mejorará la impartición de justicia en México”.
En el caso de Carolina Viggiano Austria, senadora y secretaria general del PRI, declaró que la iniciativa “es una ocurrencia populista y una acción desesperada” en la que, advirtió, “puede haber intereses escondidos de políticos que están ligados a la delincuencia”.
Recalcó que “con un Estado de derecho y un Poder Judicial debilitados, la reforma vuelve más riesgosa la impartición de justicia”. Rechazó que los jueces sin rostro vayan a mejorar la situación y planteó que “el trasfondo y consecuencias son mucho más graves que el problema que pretenden solucionar”.
