Más Información
Durante el proceso de aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial mexicano, diversos actores políticos–incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum– utilizaron el ejemplo de las elecciones de jueces locales en Estados Unidos para intentar argumentar a favor de la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.
Los defensores de la reforma al Poder Judicial omitieron mencionar el hecho de que el sistema estadounidense únicamente prevé la elección de jueces a nivel local y que existen diversas modalidades, como elecciones no partidistas y elecciones de retención; para el caso de jueces que fueron seleccionados previamente por legislaturas locales.
La elección de jueces por voto popular en Estados Unidos ha sido ampliamente criticada por expertos en materia judicial y por destacados ministros de la Corte Suprema como Stephen Breyer, Anthony Kennedy y Sandra Day O’Connor. Si lo anterior no fuera suficiente, esta semana tenemos el ejemplo perfecto de los riesgos que corren las sociedades que eligen a jueces por voto popular.
Este martes 1 de abril se llevan a cabo las elecciones de la Corte Suprema de Wisconsin, un estado en el que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 con un margen cerrado. Además, cuenta con un gobernador demócrata, aunque su legislatura tiene una mayoría republicana (el partido de Trump). Esta elección ha sido particularmente controversial, pues diversos empresarios, como Elon Musk, han invertido millones de dólares para financiar las campañas de jueces conservadores, mientras que George Soros ha hecho lo mismo, pero para apoyar a jueces liberales.
¿Por qué hay tanto interés en que ciertos jueces lleguen a dicho tribunal? La respuesta es que este tribunal tiene el potencial de resolver casos relacionados con las problemáticas más disputadas en Estados Unidos durante los últimos años. La Corte Suprema de Wisconsin podría revisar en los próximos meses asuntos relacionados con restricciones al aborto, los derechos de los trabajadores sindicalizados y los requisitos de identificación que deben cumplir los ciudadanos para poder votar en elecciones.
En teoría, esta elección no es partidista. Es decir, los candidatos no forman parte de ningún partido y en las boletas electorales únicamente aparecerá el nombre de los contendientes. Sin embargo, podemos saber si los jueces están alineados a posturas políticas cuando proponen votar a favor o en contra de ciertos casos.
¿Cómo podemos asegurar la independencia e integridad de los jueces si, para llegar a sus puestos, recibieron el apoyo económico de empresarios que comprometen sus decisiones? ¿De qué sirve tener elecciones no partidistas en papel, si en la práctica es clara la tendencia política de las propuestas que presentan los candidatos? En una época en la que los líderes gubernamentales amenazan con ignorar la autoridad de otros poderes y socavar los principios que le dan equilibrio a los sistemas, me parece fundamental retomar las palabras de la ministra Sonia Sotomayor: “Más que nunca, tenemos que levantarnos y explicar, repetir y volver a explicar por qué la independencia judicial es fundamental para la libertad de todos, porque el poder arbitrario significa que cualquiera estará sujeto a injusticias por capricho de otro”.
