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Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desestimar las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), el magistrado Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, aseguró que aún se encuentran las controversias constitucionales promovidas por algunos Poderes Ejecutivos y Judiciales de diversos estados.
El martes 5 de noviembre, el pleno de la Corte estableció que se requerían ocho votos para aprobar la propuesta de declarar la invalidez parcial de la reforma del PJF y desestimó las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, PRI y MC para controvertir la reforma que contempla la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular.
El magistrado Bermúdez Manrique señala que están las controversias del artículo 11, fracción VII, de la Ley Orgánica del PJF y los juicios de amparo que han promovido los titulares.
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“Con lo que vimos nada prosperará. Una vez que acaben las instancias nacionales acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vamos a tardar entre siete y 10 años”, expresa el magistrado a EL UNIVERSAL.
Agrega que en las instancias internacionales hay muchas posibilidades de obtener una resolución favorable por todos los pronunciamientos que ya tienen de los órganos tanto del Sistema Interamericano como del Sistema Universal (de Naciones Unidas), aunque mientras esté el partido actual en el poder no cumplirá con una sentencia internacional. “Hay un luto nacional, caminamos rápidamente a la autocracia de partido, donde las Cámaras y la mayoría de las legislaturas locales podrán cambiar la Constitución al antojo, sin ningún control del tribunal constitucional”, enfatizó.
El magistrado Marco Polo Rosas Baqueiro, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Ciudad de México, considera que jurídicamente existe el resquicio de que se pueda combatir en amparo el transitorio de la reforma constitucional, porque en sí misma es inconstitucional al permitir la retroactividad.
Argumentó que si se toma en cuenta este tema los amparos promovidos están vivos y puede caer jurídicamente la reforma.
“En el plano práctico volveremos a trabajar, en el caso de San Lázaro a partir del lunes; sin embargo, se deja abierta la posibilidad de seguir manifestándose, dependerá de la unidad y de la convicción por la causa”, subraya.
María del Socorro López Villarreal, jueza Tercera de Distrito en Baja California, con sede en Mexicali, indicó que en su opinión como ciudadana, no como juzgadora, no funcionará ningún recurso legal, pues por más amparos que se concedan no van a respetar ninguna resolución.
“Si hay posibilidad de resolverlos en el fondo serían sentencias sin poder ejecutar y sólo evidenciaría más la crisis constitucional y de falta de Estado de derecho, pero en la práctica no serían eficaces para revertir nada”, precisó.
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En la conferencia matutina de los jueces, el magistrado Juan José Olvera López dijo que el 5 de noviembre se murió la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la inconstitucionalidad de esta reforma para volver al orden constitucional y que este sexenio presidencial termine por empezar a ocuparse de las cosas que son relevantes para el pueblo, como el tema de la seguridad y la economía.
Resaltó que no puede estar atorada una administración federal en temas como éste y tarde o temprano tiene que retomar el rumbo, que es el de administrar los recursos que se requieren para enfrentar las necesidades básicas de todos los mexicanos.
“Tarde o temprano tendrá que imponerse la cordura y estaremos para dar los instrumentos que sirvan de justificación y volver al Estado de derecho, que es activar los mecanismos legales para que finalmente así sea a través del juicio de amparo u organismos internacionales exista una buena justificación para llegar al orden”, sostuvo el magistrado, quien vistió un traje negro al igual que sus compañeros en símbolo de luto.
Recordó que fijaron un rumbo de comunicación y, como han vuelto a la actividad jurisdiccional, las conferencias serán ahora los lunes y viernes a las 9:00 horas.
