En los últimos nueve años se han abierto 6 mil 731 carpetas de investigación por aborto en contra de 7 mil 117 personas.
En 2015 hubo 549 casos y para 2024 aumentaron 64%, con 901. Además, desde 2019 se incrementaron a 724, indican reportes de incidencia delictiva y víctimas de delitos del fuero común publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto desde septiembre de 2023, las cifras han aumentado considerablemente, aun cuando en 20 estados se permite la interrupción legal del embarazo.
Colectivas feministas han resaltado la importancia de eliminar las causales y tratar al aborto como un servicio de salud. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que para avanzar hacia la satisfacción progresiva de los derechos humanos se debe ofrecer a todas las personas una atención de salud de calidad que incluya atención integral para el aborto.
“A pesar de los avances en derechos reproductivos en el país, siguen abriendo averiguaciones previas por el delito de aborto, porque el aborto, siendo un servicio de salud, está regulado desde la legislación penal. Aunque las leyes de los estados permiten su acceso en circunstancias determinadas, el que exista una posibilidad de una sanción penal promueve que las personas sean investigadas para determinar si interrumpieron un embarazo o si asistieron a una interrupción del embarazo conforme a la ley o no”, explicó Marisol Escudero.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la coordinadora de contenidos y estrategias jurídicas en Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) dijo que es necesario que los congresos eliminen el aborto desde las leyes penales y lo regulen desde leyes y reglamentos de salud.
“Como en todos los estados el aborto está regulado desde la le-gislación penal, (...) siempre existe el riesgo de que una persona sea criminalizada o se le inicie una investigación por el delito de aborto. Procede porque el delito está previsto en la legislación penal, pero la SCJN emitió una resolución en la cual estableció como criterio obligatorio a nivel nacional que es inconstitucional criminalizar a una persona o a un profesional de la salud por la comisión del delito de aborto”.
Es decir, sí es legal y es posible que se inicie una carpeta de investigación, pero, agregó la experta, lo que eventualmente debería suceder es que esas carpetas sean desechadas o si los casos llegan ante un juez penal, el juez determine que ese caso tiene que ser desechado si es por el delito de aborto.
“Eso no quita que ya iniciaron una investigación penal. Por otro lado, existe la posibilidad de que el Ministerio Público o el juez reclasifiquen el delito. Entonces, hay casos que, aunque inician como una denuncia o una averiguación por el delito de aborto, pueden ser eventualmente reclasificados por otro tipo de delitos, como el homicidio en razón del parentesco”, advirtió.
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Durante 2024, las entidades con más carpetas de investigación por aborto fueron la Ciudad de México, donde el aborto fue despenalizado en 2007, con un total de 187 carpetas en contra de 293 personas; Nuevo León, con 175 carpetas contra 176 personas; Estado de México, con 108 carpetas y 108 personas.
En otros estados, como Tamaulipas, Baja California, Querétaro y Guanajuato, la incidencia por este delito es de entre 69 y 22 personas. Hasta la fecha, en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Zacatecas, Estado de México, Nayarit y Chihuahua permiten el aborto a solicitud o interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. A excepción de Sinaloa, que lo permite hasta la semana 13, y de Aguascalientes que lo restringe a seis.
“Lo que llama la atención es que hay algunos que han despenalizado el aborto y otros que no, como por ejemplo Nuevo León, Estado de México y Querétaro. La despenalización del aborto es importante, porque amplía el acceso a servicios de aborto seguro, pero la persecución de mujeres, personas gestantes y de quienes les asisten va a continuar mientras el aborto sea regulado desde las leyes penales, sobre todo en estados como Nuevo León y Querétaro, porque tienen una larga historia de oposición al aborto”, indicó la experta.
Así, desde la reforma de la Ciudad de México hasta ahora varios estados han modificado sus legislaciones penales para, por un lado, permitir el aborto voluntario independientemente de la razón por la que la persona quiera proceder con la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación completa.
Después de esta semana, existen otros supuestos conocidos como causales, en los cuales una persona puede decidir interrumpir un embarazo con independencia del tiempo gestacional, pero son casos muy específicos y eso está establecido en cada una de las legislaciones penales. Por ejemplo, por inseminación artificial no consentida o alteraciones graves en el producto.
“Estas cifras, aunque se despenalice el aborto reformando los códigos penales (...), no van a disminuir porque mientras un servicio de salud —que además es esencial y que cualquier persona con capacidad de gestar puede requerir en cualquier momento de su vida reproductiva— esté regulado desde la legislación penal, pues siempre va a estar el riesgo de criminalización para estas personas”, lamentó.