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Durante el primer trimestre de 2025 se identificaron 104 incidentes de violencia política a nivel nacional, lo que representa una reducción de 59.2% con relación al mismo periodo de 2024, además de que hasta ahora no se han registrado casos relacionados con la elección del Poder Judicial.
De acuerdo con un reporte de la empresa de consultoría y análisis político Integralia, que dirige el expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, esta tendencia a la baja se explica principalmente por el mayor número y relevancia de los cargos públicos que estuvieron en disputa en el proceso electoral del año pasado.
Según el documento, durante el primer trimestre de 2025, el delito más frecuente fue el homicidio, con 50 casos, seguido por amenazas (24), atentados con arma de fuego (15), secuestros (11), desapariciones (2) y otros delitos (2).
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Además, el 81.7% de las víctimas se desempeñaban, habían ocupado o aspiraban a ocupar cargos en gobiernos municipales, “lo que pone en evidencia la fragilidad institucional de ese nivel de gobierno, particularmente frente a los esfuerzos de infiltración del crimen organizado”.
Integralia detalla que Morena es el partido con más incidentes, ya que acumuló 30 casos en el primer trimestre de 2025, seguido del PRI con 10 y Movimiento Ciudadano con 9, lo que se explica, en parte, por la concentración de puestos de elección popular que ocupa el partido en el poder.
El 75.9% del total de casos identificados corresponde a funcionarios o exfuncionarios públicos; 15.4% a aspirantes a cargos de elección popular, y 8.7% a políticos o expolíticos.
Los actos de violencia política registrados de enero a marzo de este año ocurrieron en 78 municipios del país, que representan el 3.1% del total nacional. En 64 de ellos se registró un solo caso. No obstante, Cuernavaca y Huitzilac, en Morelos, concentraron hasta cinco incidentes.
De hecho, ese estado se posicionó como el más violento del país, en el que se identificaron 17 incidentes de violencia política en el primer trimestre de 2025. Le siguen Veracruz, con 13; Oaxaca, con 12; Puebla, con 11; y Guerrero, con 9, lo que revela una concentración geográfica en entidades con altos niveles de incidencia delictiva y presencia criminal.
Integralia destaca que los datos revelan esfuerzos del crimen organizado por capturar instituciones públicas locales. “Las amenazas y atentados contra aspirantes buscan condicionar los resultados electorales, mientras que los secuestros y amenazas contra funcionarios operan como mecanismos de control territorial y financiero”.
La empresa de consultoría y análisis político subraya que hasta el 31 de marzo pasado no se había identificado ningún incidente de violencia política contra candidaturas al Poder Judicial. Señala que ello podría explicarse porque el proceso y los cargos en disputa son poco conocidos; las organizaciones criminales podrían haber optado por métodos de cooptación alternativos, incluyendo el posicionamiento de perfiles afines en las listas de candidaturas; o esperarán a que se aproxime la jornada electoral o a conocer los resultados para tomar otro tipo de acciones.
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