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Aunque algunos estados cuentan con Centros de Resguardo Temporal de cadáveres, la mayor parte del país no tiene Centros de Identificación Humana ni Panteones Forenses. Esto se traduce en la crisis de identificación forense que atraviesa México, donde no hay un registro adecuado de las personas fallecidas no identificadas, advirtió el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Lamentó que tampoco hay una base de perfiles genéticos homologada, por lo que las familias deben dejar muestras de ADN en los estados donde creen que podría encontrarse su familiar desaparecido. Y los equipos de los servicios periciales no cuentan con peritos certificados y, en muchos casos, no se realizan confrontas genéticas de forma oportuna y efectiva.
Lo anterior ocasiona que las y los familiares busquen por años a familiares desaparecidos que en realidad fallecieron o fueron asesinados y sus cuerpos están bajo el resguardo de las fiscalías, quienes en ocasiones, desconocen en qué fosa común fue inhumado dicho cuerpo, lo que profundiza el drama humano de las desapariciones y agota las posibilidades de identificación de las víctimas.
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A la fecha no se cuenta con un número total proporcionado por las instituciones sobre el número de restos humanos que se deben identificar. Las cifras que públicamente se manejan es la que han proporcionado las familias de 52 mil personas fallecidas sin identificar. Por tanto, indicó, es incierto el número de restos sin identificar que existen en el país.
Agregó que las iniciativas para generar capacidad de identificación de restos humanos propuestas por el Gobierno Federal, que fueron el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), fracasaron y en la actualidad no se cuenta con capacidad para atender la enorme tarea de la identificación humana.
“De los Centros regionales de identificación humana sólo se cuenta con el de Coahuila. Otro aspecto del problema es que no se cuenta con una base de datos o un conjunto de bases de datos compatibles que permitan realizar la confrontación entre restos humanos sin identificar y personas desaparecidas en el que participen todas las instituciones involucradas”, afirmó el Instituto.
En el balance “Las desapariciones en México siguen sin ser una prioridad”, la organización recordó que el Artículo 128 y 129 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias y que las autoridades de los estados correspondientes deben recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, que integra el Banco Nacional de Datos Forenses.
Informó que se han aprobado 76 leyes estatales relacionadas con la desaparición de personas y se han creado 124 instituciones estatales responsables de la atención a las personas desaparecidas y sus familias.
De acuerdo con lo establecido en la regulación nacional, esto considera a las comisiones estatales de búsqueda, las fiscalías especializadas en desaparición, las comisiones de atención a víctimas, los consejos ciudadanos, los centros de identificación humana y los panteones forenses.
“Lamentablemente, los avances en el aparato jurídico e institucional de cada estado no se ha traducido en una disminución de los casos de personas desaparecidas ni un aumento en la identificación o localización de las mismas”, indica el informe.
Aunque todos los estados cuentan con una comisión local de búsqueda, muchos de ellos no cuentan con personal capacitado para las tareas. Por otro lado, las familias denuncian la falta de coordinación entre las fiscalías especializadas y las comisiones de búsqueda.
El Instituto ha identificado que en algunos estados, principalmente del sureste del país, las comisiones están compuestas por una o dos personas, por ejemplo la comisión de Campeche durante 2023 contaba con un personal de cuatro servidores públicos en total.
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Mientras que en los estados de Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán no existe una fiscalía especializada en desaparición de personas. Y en los que sí existen, las unidades se enfrentan a desafíos relacionados con la falta de personal capacitado y de recursos suficientes.
“En particular, la capacitación especializada en perspectiva de género, derechos humanos y el manejo adecuado de víctimas sigue siendo una necesidad urgente para asegurar que las fiscalías cumplan su función de manera efectiva. Además, el tema de los presupuestos dedicados a estas áreas sigue siendo una barrera significativa para garantizar que las fiscalías puedan operar al máximo de su capacidad”, explicó.
En materia de leyes estatales en materia de desaparición, los estados de Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Tamaulipas todavía no cuentan con estas. Por lo que no se alinean con los principios de la ley general, no implementan mecanismos específicos para la búsqueda y atención de víctimas a nivel estatal. “Si bien se han logrado avances en ciertos Estados, la implementación efectiva sigue siendo desigual”, lamentó.
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