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De acuerdo con el informe “Una amenaza al Poder Judicial”, elaborado por la Universidad de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados, las iniciativas de reformas al Poder Judicial enviadas al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, ponen en peligro los derechos de las minorías y son contrarias a los estándares internacionales.
La iniciativa de reformas constitucionales es el más reciente ataque por parte del Poder Ejecutivo a la autoridad judicial, ya que se iniciaron después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara varias propuestas legislativas del gobierno en turno, por considerarlas inconstitucionales, señala el informe.
“Además, la aprobación de dichas reformas afectaría el principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, ambos cruciales para una democracia. La iniciativa de reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo son contrarias a los estándares internacionales”, refiere el documento.
El estudio menciona que la elección de ministros para la SCJN, jueces federales, y magistrados federales mediante votación popular puede incentivar decisiones judiciales orientadas a obtener votos para la satisfacción de ciertos grupos de interés o políticos, en lugar de juicios imparciales basados en los hechos y el derecho.
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“Las normas internacionales reconocen que la selección de jueces debe ser ajena a presiones políticas y fundamentarse en los méritos y competencias de los candidatos a ocupar esos cargos”, enfatiza el estudio.
Agrega que la experiencia de Bolivia y Estados Unidos, los únicos países de América que seleccionan a jueces constitucionales por voto popular, demostraron que este método puede afectar la independencia e imparcialidad de los sistemas judiciales.
“La institución de elecciones judiciales en México incrementaría la influencia de intereses económicos en la toma de decisiones judiciales, incluyendo potenciales contribuciones a las campañas por parte del crimen organizado”, añade.
Así como la modificación de ciertos plazos de mandato judicial para alinearlos con el período presidencial de seis años, el establecimiento del requisito de la renuncia de magistrados en ejercicio al momento de asumir sus cargos aquellos electos por voto popular, infringe las normas internacionales.
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También la iniciativa de reforma disminuiría la duración del término de magistrados del Tribunal Federal Electoral de nueve a seis años, al alinear el período de su ejercicio con el del mandato presidencial, apunta.
Adicionalmente, se exigiría que los actuales ministros de la SCJN, magistrados, y jueces federales culminen su mandato con la entrada de nuevos magistrados electos, comprometiendo con ello la estabilidad en sus cargos.
Algunas de las recomendaciones que dieron los expertos es que se debe garantizar que el método de selección en jueces posibilite la emisión de fallos imparciales, fundamentados en hechos y normas jurídicas, y que dichas decisiones se encuentren resguardadas contra influencias externas.
Asimismo, el garantizar la independencia de la autoridad disciplinaria judicial, evitando el nombramiento de sus integrantes mediante votación popular y desvinculando sus periodos de mandato con el Poder Ejecutivo.
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