El Consejo General del INE impuso multas por 6.3 millones de pesos por la aparición en acordeones físicos y digitales de 177 candidaturas ganadoras en la elección judicial, a nivel federal y local, incluyendo la totalidad de la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior del Tribunal Electoral, así como algunos de Salas Regionales, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
Con una votación dividida de seis contra cinco, también se aprobó sancionar con una amonestación pública a las candidaturas que aparecieron en los acordeones, pero no ganaron su elección; mientras que se rechazó ponerles multa del 5% del tope de gastos.
Para las sanciones de candidaturas ganadoras, el cálculo se realizó tomando como base el 10% del tope de gastos de cada elección, además de un análisis de la capacidad económica de cada persona, por lo que las multas varían incluso en el mismo cargo.
En caso de que una persona tenga más de una multa y exceda su capacidad económica, se podrán pagar por separado en plazos que definirá la Unidad Técnica de Fiscalización; si no se pagan, se enviarán al SAT para que cobre dicho adeudo.
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Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel acumulan las sanciones más altas
Para la Suprema Corte, toda la integración tendría doble multa por aparecer en acordeones físicos como en digitales. La sanción más alta es para Loretta Ortiz, por por 255 mil 017 pesos; sigue Yasmín Esquivel por 190 mil 980 pesos; Irene Herrerías por 138 mil 030 y María Estela Ríos por 125 mil 811 pesos.
En la lista sigue Giovanni Figueroa por 94 mil 358; Lenia Batres por 89 mil 380 pesos y Arístides Guerrero por 80 mil 555 pesos.
Las multas más bajas serán para el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, cuya sanción sería de 79 mil 424 pesos; así como Irving Espinosa Betanzo, con 79 mil 198 pesos.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, rechazó la imposición de multas por la aparición en acordeones al señalar que no está justificado el monto por lo que, previó, será revocado por el Tribunal Electoral.
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“Pero la ilegalidad encontrada o manifiesta en nuestras voces o por otras voces no nos debe de llevar a este Instituto a intentar salir adelante con otra ilegalidad. Es decir, no hay un asidero jurídico que permite establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña”, expuso.
Consideró que también derivará en críticas al Instituto, por un lado, porque “dirán es un juego estas multas o es una burla la imposición de estas multas tan pequeñas, pero es tan obvio que no teníamos la posibilidad de establecer unas multas adecuadas, las sanciones, como normalmente lo ha venido haciendo este Instituto, no de ahorita ni de estos últimos años”.
El consejero Jaime Rivera, advirtió que la distribución de acordones sólo sería posible con el respaldo de grupos de poder político, ya sea partidos o incluso crimen organizado, lo cual suplanta la voluntad ciudadana.
“Tales entes políticos u organizaciones pudieron ser: gobiernos, partidos políticos, gremios asociados a partidos o grupos delincuenciales, obviamente, todos ellos tienen prohibido por la ley tal intervención en esta clase de elecciones”, apuntó.
Reconoció que la Unidad Técnica de Fiscalización no pudo identificar el origen ni el costo total de estas listas repartidas de forma masiva, sin embargo, dijo que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales tiene más facultades de investigación y confió en que haga lo correspondientes.
“No hubo acordeones mágicos”, expresó el consejero Uuc-kib Espadas, al señalar que este instrumento por sí solo no pudo determinar el resultado de la elección judicial.
“No podemos pretender sanciones como los acordeones que pudieran llegar en las fantasías más desarraigadas a significar una nulidad. No se puede, no hay materia, no hay materialidad en este argumento. Sin embargo, del otro lado, tampoco se puede negar que hubo beneficiarios de estos acordeones”, señaló.
También, la consejera Claudia Zavala y el consejero Martín Faz evidenciaron la falta de tiempo para investigar, pues la unidad sólo contó con mes y medio para realizar las diligencias sobre el origen de los acordeones, lo que impidió que fuera exhaustiva.
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“Todavía hay muchas líneas de investigación que se tienen que desahogar, porque sería muy grave para el sistema electoral mexicano, que a pesar de que otras autoridades tienen personas responsables directas de su distribución, nosotros hagamos como que no existe, es que no nos da tiempo, no, tenemos que entrar de manera muy seria a la investigación, porque lo que no tiene que pasar es que esta autoridad se quede con las manos atadas frente a semejante ilegalidad”, puntualizó la consejera Zavala.
En contra del proyecto, la consejera Norma de la Cruz advirtió que la sanción que ahora se pretende imponer en el proyecto es ilegal, primero porque únicamente se castiga a las candidaturas ganadoras que aparecen en los 10 modelos de propaganda electoral impresa y en los modelos de propaganda difundidas por medios digitales.
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