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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), llamó al Gobierno federal a garantizar la división de poderes y fortalecer el Estado de derecho, principio consagrado en la Constitución y condición indispensable para proteger los derechos de la ciudadanía, asegurar justicia e igualdad y crear condiciones para avanzar en la construcción de paz social que detone inversión y empleo para el futuro de México.
“Cuando un poder se subordina a otro, se vulneran derechos ciudadanos, se debilita el acceso a la justicia y se genera certidumbre negativa que afecta tanto la vida diaria de las familias como la confianza de inversionistas y empleadores en México”, expresó.
Ante la reciente toma de protesta de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país, señaló que la independencia del Poder Judicial no es negociable.
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“Una Corte autónoma, imparcial y libre de presiones políticas es la única vía para garantizar que sus resoluciones respondan a la Constitución y que cada ciudadano, sin importar su condición, pueda acceder a una justicia pronta, completa e imparcial”, dijo en un comunicado.
Advirtió que si la justicia se convierte en un apéndice de otro poder, se debilita la confianza ciudadana, se vulnera la seguridad jurídica y se mina el Estado de derecho.
Subrayó además que el Congreso de la Unión debe ser un espacio genuino de deliberación plural, donde las voces de todos los sectores de la sociedad sean escuchadas y que la ciudadanía sea considerada en el centro de cada decisión legislativa que afecta sus derechos, su seguridad y sus oportunidades de desarrollo.
“Ninguna ley debe aprobarse sin debate amplio, sin análisis técnico y sin la inclusión de distintas perspectivas. También deben ponderarse las necesidades de cada sector que permitan una justicia social y que se generen las condiciones adecuadas que contribuyan a detonar la economía y atraigan mayores inversiones”, resaltó.
El organismo empresarial presentó un conjunto de propuestas para el rediseño del modelo de elección judicial para construir un Poder Judicial fuerte, profesional e independiente, como base del Estado de derecho y de una democracia funcional.
Planteó una evaluación nacional independiente con participación de ONG, academia y organismos internacionales; fortalecer la carrera judicial con mérito y formación continua bajo comisiones transparentes; definir criterios claros mediante una plataforma pública de información y prohibir materiales ajenos al proceso con sanciones severas.
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Además, mejorar boletas para promover un voto informado; establecer observación judicial permanente con metodología de evaluación; impulsar campañas de difusión cívica, y crear un Código Electoral Judicial que adapte las reglas a esta elección inédita. Dichas sugerencias deben discutirse con apertura y diálogo amplio.
Dijo que estas propuestas buscan no solo consolidar un Poder Judicial fuerte e independiente, sino también garantizar que la ciudadanía confíe en sus instituciones, que México genere la certidumbre jurídica necesaria para atraer inversión e impulsar el empleo, y que se construyan condiciones necesarias que permitan reducir la impunidad y mejorar la calidad de vida de las familias.
“Pedimos que cualquier eventual reforma electoral no sea usada como herramienta para debilitar al INE ni para imponer mayorías artificiales. Solo con un proceso incluyente, técnico y transparente se logrará fortalecer nuestras instituciones y preservar la pluralidad política”, agregó.
Puntualizó que un Estado de derecho sólido no solo se construye con leyes, sino con instituciones que funcionen de manera independiente, con contrapesos efectivos, con el cumplimiento irrestricto de la ley y con un compromiso real de los gobernantes por respetar la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte.
Llamó a quienes integran los tres poderes de la Unión para honrar su responsabilidad histórica y el juramento que realizaron al momento de tomar sus encargos de cumplir y hacer cumplir la Constitución, para preservar la división de poderes, fortalecer la democracia y el Estado de derecho.
mahc
