Después de la entrega de 29 personas privadas de la libertad a Estados Unidos, el secretario de Seguridad,declaró que “el Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años” en conferencia de prensa.

Ante esta declaración, la Presidencia del (CJF), mediante un comunicado, reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho. Además, aclaró que cada resolución que toma alguno de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales que la propia ley establece.

"La Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal rechaza insinuaciones sobre el proceder de juzgadoras y juzgadores, y expresa su total disposición a que en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho sin excepciones", sentenció.

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