Jueces, magistrados y especialistas advirtieron que la reforma al Poder Judicial presenta inconsistencias que ponen en riesgo la impartición de justicia. Entre los focos rojos —aseguraron—, los juzgadores emanados por el “voto popular” no serán independientes y la elección abre las puertas a los poderes fácticos políticos, económicos y del crimen organizado.
Un grupo de juzgadores analizaron la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y halló una treintena de errores y problemas, reporte al que este diario tuvo acceso.
Entre ellos, destacaron la falta de legitimidad e imparcialidad de los juzgadores electos popularmente, carencia en conocimientos técnicos, destitución arbitraria e injustificada, gasto extremadamente alto, pero, sobre todo, probables injerencias indebidas de los poderes fácticos, como el crimen organizado, corporaciones económicas y grupos políticos.
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La magistrada Julia García González, del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito, Naucalpan, aseguró que el mayor riesgo es que la reforma elimina la posibilidad de tener jueces y juezas independientes.
“Ese es un gran peligro, es que estos comités de evaluación van a elegir a quienes van a ir en las boletas. Pero nosotros que nunca nos hemos dedicado a los temas de la política, no vamos a tener la capacidad de sacar a la gente para que vote por nosotros y nosotras”.
En los hechos, generará que el poder político ponga a quien quiera como personas juzgadoras y “¿con quién van a tener el compromiso?, con quien les puso”, subrayó.
Otro gran tema es ¿qué perfiles van a llegar para las personas juzgadoras? Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos sigan evaluando, que se preserve la carrera judicial como ese proceso donde la gente se va formando poco a poco y de repente tiene la madurez para ser juez o jueza.
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Ahora el riesgo es que va a llegar cualquiera que vaya saliendo de la escuela, con cartas de cinco vecinos con pocos conocimientos jurídicos.
“Esto va en perjuicio de los ciudadanos, porque en lugar de que tengan una justicia pronta, expedita, con una persona de calidad, pues pueden ser el próximo juzgado, juez, no sé, tribunal, circuito, no están pidiendo nada de experiencia”.
Indicó que la reforma no da claridad sobre la legitimidad de los juzgadores electos porque con uno o cinco votos, “pues ya la hice”.
Advirtió que este nuevo sistema está hecho para fracasar. A manera de ejemplo aseguró que si en la Ciudad de México se elegirán a 300 personas juzgadoras, tiene que haber seis candidatos o candidatas por cada uno de los cargos, es decir, hablamos de mil 800 personas.
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“¿Cómo voy a saber por quién votar? Imposible. Pero, además, alguien que me diga cuál es el menos peor ¿cómo voy a revisar mil 800 perfiles de gente que ni conozco? Y son 13 mil millones de pesos para esto. De verdad es que es una grosería en este país donde tenemos tantas necesidades”, señaló.
Criticó que se plantea que por oficio si una persona juzgadora no resuelve los plazos que ellos dicen, se tendrá que dar vista al Tribunal de Disciplina para que lo investiguen.
“Es un Tribunal de Disciplina que me va a poder sancionar si saco sentencias contrarias al interés público. ¿Y quién va a decir qué es el interés público? Ellos. Todas las obras que al gobierno le interesan van a decir que son de orden público y ¿quién va a defender a la gente frente a esos excesos? Nadie. Será como una Santa Inquisición”.
La jueza Quinto de Distrito en Morelos, Martha Magaña López, clave en la lucha contra la reforma judicial, pues fue quien otorgó dos suspensiones para detenerla, puntualizó que no estaba previsto el tema de las candidaturas que cada Poder pusiera criterios distintos en su selección.
“El Poder Judicial estableció la aplicación del examen; el Ejecutivo, una entrevista y el Legislativo simplemente la inscripción. Esto ha hecho que únicamente se tenga un mayor número de candidaturas, en quien no pide nada de requisitos y, por otro lado, el que tiene un número menor es el Poder Judicial, porque requiere la aplicación, la valoración, digamos, de conocimientos técnicos en la materia.
“La ciudadanía quiere jueces preparados, capacitados, pero si comenzamos porque los candidatos no se quieren evaluar en conocimientos de Derecho, pues ya tenemos ahí un primer foco rojo”, dijo.
Coincidió en que la elección pone en riesgo la autonomía e independencia de los juzgadores, pues la función de los diputados o senadores es hacer obras con la sociedad y justamente ellos los candidatean, “hacen promesas a cambio de un voto”.
Señaló que los candidatos a un cargo dentro del Poder Judicial no podrían hacer una campaña de ese tipo y orillarán a mucha gente a acercarse al partido oficial (Morena) que tiene en sus manos la elección no sólo de candidatos, sino de jueces.
Alertó que quienes serán juzgadores tendrán que “ir regulando, matizando o negar por completo” sus determinaciones con base “quizás” en no dañar a la persona que los puso, pero si estas personas son autoridades y eventualmente son la parte de un litigio, quien pierde es la ciudadanía.
“Pueden ser esos poderes económicos, puede ser también el crimen organizado o pueden venir de academia o de las propias escuelas”.
En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, la juzgadora consideró que uno de los puntos más criticados y discutibles es que contra las determinaciones de este órgano no procede ningún recurso.
“Eso ya fue materia de análisis en la Corte Interamericana e, incluso, ha sido tomado por nuestra SCJN y nos habla de la posibilidad de tener un recurso donde tú puedas defenderte, es parte de tu debido proceso. Antes de que te sancionen, tú tienes derecho a tener un procedimiento en el que una autoridad distinta y autónoma a la que te está sancionando pueda revisar ese tema”.
Aseguró que la reforma podría ser considerada como una “revancha”, pues no hay ninguna sentencia o diagnóstico que diga que jueces o magistrados son corruptos.
Indicó que es muy distinto que un juez emita una suspensión para detener un Tren Maya, porque lo hace bajo argumentos, fundamentos, bajo tratados internacionales y esa decisión por sí no genera un acto de corrupción.
En el tema de género Magaña criticó que se invisibiliza por completo el trabajo de las 468 mujeres que van a ser destituidas sin ninguna prueba, sin ningún procedimiento y se trata “de maquillar” el que se está actuando con perspectiva de género al poner en cargo a otras mujeres.
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La perspectiva de género es también que mantenga la posibilidad de seguir y continuar con ese cargo.
Francisco Burgoa, profesor en Derecho Constitucional en la UNAM, afirmó que con los cambios se perderá la capacidad técnica, conocimiento y experiencia de los actuales jueces y magistrados que provienen de la carrera judicial.
“En este borrón y cuenta nueva implica que la ciudadanía no va a votar al más capacitado, va a votar al más popular, al que haga una mejor campaña”.
Advirtió que con la elección no se podrá evitar la injerencia de poderes fácticos, “legales o ilegales, como es el crimen organizado. Esto es parte de un pésimo diseño de la reforma judicial y de lo que es su implementación"
Burgoa alertó que la Constitución prohíbe que haya financiamiento público y privado para las campañas de las personas que aspiran al Poder Judicial; sin embargo, la legislación secundaria —Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales— está permitiendo que haya gastos personales, pero esos gastos “¿cómo se van a fiscalizar y cómo se garantizará un piso parejo?”.
Para Burgoa, “todo está diseñado para hacer trampa desde el oficialismo, para que la ciudadanía no conozca a los candidatos, que sólo vea a los que tengan más difusión o los que conocen, como Batres, Esquivel, Ortiz, quienes van a ganar sus respectivas elecciones para ser ministras y presidenta de la SCJN”.