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En las últimas tres legislaturas, la Cámara de Diputados ha sufrido un sinnúmero de remodelaciones, adecuaciones y mantenimiento a sus instalaciones, lo que ha generado gastos que superan los mil 200 millones de pesos.
En un recuento hecho por EL UNIVERSAL llama la atención que dichas obras se repiten año con año sin que se consigan solucionar los problemas.
Tal es el caso de las filtraciones de agua de la explanada al estacionamiento del recinto legislativo de San Lázaro, que ha sufrido cinco remodelaciones y en todos los casos se han autorizado partidas millonarias bajo el argumento de que, por fin, se erradicará la problemática.
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En 2018, durante la 64 Legislatura, la Cámara Baja gastó más de 11 millones 143 mil pesos en la rehabilitación de los estacionamientos y algunas oficinas del Palacio Legislativo de San Lázaro.
En ese entonces se justificó que el gasto era necesario, pues el sismo del 19 de septiembre de ese año dejó afectados los inmuebles.
La licitación la ganó la empresa JG Construcción Supervisión y Mantenimiento, S.A. de C.V., que dio mantenimiento y servicio de remodelación a oficinas administrativas, legislativas, estacionamientos y áreas comunes.
Apenas un año antes, la empresa Eapro había recibido cerca de 15 millones de pesos para levantar el piso de la explanada y escaleras de la Cámara de Diputados, con el objetivo de impermeabilizarlos y terminar con las filtraciones de agua que se presentaban desde entonces durante la época de lluvias.
Posteriormente, en 2019 se pagaron 19 millones por la restauración, reforzamiento y limpieza del Escudo Nacional de bronce y el mural Pluralismo político que adornan la fachada de la Cámara de Diputados.
Ya en la 65 Legislatura se destinaron 30 millones de pesos para reabrir la antigua ex-Garita de San Lázaro, tras casi 100 años de permanecer en el olvido. Se dijo que sería utilizada para alojar los archivos históricos de la Cámara de Diputados y funcionaría como auditorio para realizar foros y congresos para el público en general; sin embargo, el lugar permanece cerrado y sólo aloja oficinas de los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
En 2023 se dispuso de una bolsa de 547 millones para “chulear” el recinto legislativo de San Lázaro, para rehabilitar edificios, restaurar inmuebles y construir nuevos espacios, entre otras cosas.
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También, 22 millones 750 mil pesos se usaron para construir un puente entre el Palacio Legislativo y la ex-Garita de San Lázaro; 6 millones 650 mil pesos se emplearon para construir oficinas complementarias de la Dirección General de Resguardo y Seguridad; otros 6 millones fueron para obras de conservación y mantenimiento de los edificios del Palacio Legislativo, desde el A hasta el I.
Mientras que 8 millones fueron para labores de restauración del inmueble de la Biblioteca Legislativa, ubicado en la calle de Tacuba número 28, en el Centro Histórico; y cerca de 40 millones se usaron para trabajos de reencarpetamiento asfáltico de los accesos vehiculares de la Cámara Baja, construcción de un domo retráctil para el patio de la antigua ex-Garita de San Lázaro, y una vez más, para la sustitución de pisos en la explanada, a fin de evitar filtraciones.
Como parte de la bolsa de 547 millones se programaron 272 millones 900 mil pesos para iniciar la construcción del edificio J, que albergará oficinas para el crecimiento de personal y un espacio para los talleres gráficos del recinto legislativo.
El proyecto estuvo a cargo de Grupo Vintej y sigue sin concluirse. De acuerdo con autoridades de la propia Cámara, desde 2023 que inició la edificación, hasta 2026 que se pretende terminar, se erogará un total de 800 millones de pesos.
En 2024 se volvieron a gastar 49 millones 656 mil 380 pesos en obras para remodelar las instalaciones, a fin de recibir a Claudia Sheinbaum, quien rendiría protesta como Presidenta de la República.
Los trabajos incluyeron renovación de oficinas, mantenimiento de pasillos, andadores y escaleras de áreas comunes del Palacio Legislativo, mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema hidroneumático y de bombeo de la red hidráulica de alimentación, así como el pago de 2.5 millones a la empresa Proyecto Civil Integral, S.A. de C.V., para la realización de un estudio que permitió identificar riesgos estructurales y supervisión externa de los edificios.
De igual forma, la rehabilitación incluyó trabajos de sustitución del techo del basamento, que seguía con goteras a pesar de las labores en años anteriores.
En la 66 Legislatura se pagaron 5 millones de pesos para trabajos de mantenimiento de pilotes en los edificios A, B y H; 13.2 millones para la rehabilitación de fachadas en los edificios D, E y F, ahora bajo el argumento de que se requería dotarlas de “un recubrimiento sustentable que provee aislamiento termoacústico, alta resistencia a la intemperie y protección contra el deterioro estructural de los materiales”.
En abril de ese año también se pagaron 4.3 millones para el cambio de cubierta del edificio E, nuevamente bajo el argumento de solucionar el problema de filtraciones.
“Se realizará el cambio de la cubierta de policarbonato, toda vez que esta presenta filtraciones [goteras y grietas] que afectan su funcionalidad y ponen en riesgo la conservación del mural histórico Congresos Constituyentes y afecta la realización de actividades de comisiones legislativas y eventos culturales en la zona, como exposiciones pictóricas, conciertos de música y otros”, se puntualizó en el documento donde se firmó la autorización para erogar dichos recursos.
Además, se pagaron 31 millones de pesos para la restauración y supervisión externa de la fachada principal del edificio A, para solucionar el problema de filtraciones.
“Se identificó que la fachada principal de tezontle del edificio A presenta diversas patologías originadas por múltiples factores, tales como el escurrimiento de azoteas, condiciones climáticas adversas, así como el incendio ocurrido en 1989, el cual aceleró y agravó el deterioro del recubrimiento de ese material.
“Como consecuencia de lo anterior, se han producido desprendimientos de material y piezas de la fachada, lo cual representa un riesgo significativo para la seguridad e integridad física de las y los diputados, personal que labora en Cámara y demás personas que transitan por esa parte del recinto”, señaló el informe.
En noviembre de 2025 iniciaron, por quinta ocasión, trabajos de impermeabilización y cambio de piso en la explanada, debido a filtraciones que provocan goteras en el estacionamiento del basamento. Los trabajos continúan hasta la fecha y aún se desconoce el costo.
Autoridades de la Cámara de Diputados dijeron a EL UNIVERSAL que el recinto legislativo se ubica en un terreno “absolutamente fangoso”, que ha sufrido un hundimiento gradual desde el día en que se inauguró, y que ya alcanza un metro y medio. Por ese motivo, afirmaron, “los trabajos de mantenimiento absorben muchos recursos”.
“No son temas visuales ni ornamentales, son temas que hay que atender para no poner en riesgo a nadie, son temas que van a seguir surgiendo, basta caminar por los pasillos para que veas cómo los edificios están desnivelados unos con otros e, incluso, se están inclinando, pero hay que mitigarlo para que no pase a mayores”, expusieron.
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