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La bancada del PRI en la Comisión Permanente solicitó la comparecencia de Luz Elena González, secretaría de Energía; Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex; y Gustavo Álvarez Velásquez, director de Gas Bienestar, para que reevalúen este programa, que calificó de ineficiente, peligroso y financieramente insostenible.
Los legisladores priistas presentaron un punto de acuerdo para que se haga una revisión integral del programa, se elabore un informe público de Pemex sobre sus operaciones, así como diagnóstico del impacto en la competencia del sector, y una auditoría a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.
El pasado 27 de mayo, EL UNIVERSAL publicó que a cuatro años de su creación, Gas Bienestar sigue generando pérdidas a las finanzas públicas y opera con subsidios federales cuantiosos.
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Los senadores priistas señalaron que el programa lanzado en 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha fracasado tanto en sus objetivos sociales como económicos, operando desde su inicio con pérdidas significativas y dependiendo de subsidios públicos, especialmente, por parte de Pemex.
Datos oficiales revelan que Gas Bienestar no ha generado utilidades netas entre 2021 y 2024, y sus ingresos cayeron de 254 millones de pesos en 2022 a 174 millones en 2024.
Además, se invirtieron más de mil 300 millones de pesos en cilindros y cientos de millones en reparaciones por fallas de calidad. En el presente año, Pemex destinó alrededor de 300 millones de pesos para mantener a flote a la filial.
El PRI también señaló el limitado impacto social del programa, cuya cobertura se restringe a nueve alcaldías de la Ciudad de México, a pesar de la promesa de una expansión nacional.
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Asimismo, denunció fallas en los controles de calidad, como el caso de una explosión que causó la muerte de una mujer en la alcaldía Gustavo A. Madero.
En materia económica, el partido acusó a Gas Bienestar de distorsionar el mercado con prácticas de competencia desleal, como bloqueos logísticos, inspecciones arbitrarias y hostigamiento regulatorio a distribuidores privados.
El documento fue firmado por senadores del PRI, entre ellos, Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Viggiano Austria, Miguel Ángel Riquelme Solís y Claudia Anaya Mota.
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