Formalizan fin de escoltas y pensiones a ex presidentes

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La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa con la que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busca implementar la Ley de Austeridad Republicana en toda la administración pública federal, para que ningún funcionario público, incluidos secretarios de Estado, cuenten con escoltas o vehículos blindados.

En la iniciativa de ley, que consta de 13 artículos, describe que sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta.

Enlistada en la Gaceta Parlamentaria y presentada por el diputado Manuel Rodríguez González ante el pleno de la Cámara de Diputados, fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su evaluación, y eventual dictamen.

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“Todos los secretarios que no sean de seguridad no van a tener escoltas. Solamente lo tendrán los funcionarios que sea necesario tenerlos, la escolta como un asunto de seguridad cuando esté plenamente justificado y no como un tema de un privilegio indebido”, detalló Delgado Carrillo.

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Sin embargo, en conferencia de prensa, Delgado Carrillo aseguró que habría una reducción de 28% en la remuneración mensual de los diputados y ejemplificó que en la pasada 63 Legislatura los representantes ganaban al mes, con dieta y prestaciones, 128 mil 230 pesos, y para la actual solamente ganarán mensualmente 91 mil 507 pesos.

Informó que los conceptos de asistencia legislativa (45 mil 786 pesos) y de atención ciudadana (28 mil 772 pesos), no son recursos que formen parte de los salarios de los diputados y ambos se tienen que comprobar fiscalmente, por lo que adelantó que pueden sujetarse a revisión.

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Establece que todos los servidores públicos de la Federación recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente. También se busca eliminar los “haberes de retiro” y regímenes especiales de jubilaciones y pensiones, así como la contratación de seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos federales.

Se busca no crear plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni se aumentarán sus dotaciones y la contratación de servicios personales por honorarios, sólo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados.

Señala que los vehículos sólo podrán destinarse a actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población.

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En tanto no se autoricen nuevos programas o se amplíen las metas de los existentes, los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior.

En adición a las previsiones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no se constituirán fideicomisos ni se permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y fiscalización del gasto.

La iniciativa presentada por Morena establece que los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede autonomía, emitirán las disposiciones administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley.

Describe que el incumplimiento o la elusión de las disposiciones contenidas “constituirán falta administrativa grave y se sancionarán en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.