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Ante el inicio de las campañas para la elección de ministros, magistrados y jueces, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), señaló que los servidores públicos que sean sorprendidos haciendo proselitismo en horario laboral, amenacen a su personal para que participen en actos de campaña, así como solicitar dinero con fines electorales, podrán ser sancionados con destitución e inhabilitación del cargo de dos a seis años, multa de 200 a 400 días y prisión de dos a nueve años.
Detalló que en caso de que los ciudadanos sean víctimas o testigos de algún delito electoral, pueden presentar sus denuncias de manera presencial en la Ventanilla Única de la Fisel, en las sedes de las 32 Fiscalías Federales de la Fiscalía General de la República (FGR) y mediante la página de internet fisenet..org.mx.
Otras conductas ilícitas que se castigan por la vía penal son que las personas candidatas utilicen dinero de procedencia ilícita o rebasen los montos aprobados por la ley para su campaña, por lo que se les impondrá de mil a cinco mil días de multa y de cinco a 15 años de prisión.
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La Fisel destacó que está lista para recibir denuncias que se pudieran generar en todo el país.
En un comunicado la señaló que la Fisel y el Instituto Nacional Electoral (INE), están facultados para cuidar que el proceso de campaña, que inició este domingo, transcurra con seguridad.
También sin interferencias de cualquier institución o agente que puedan afectar la imparcialidad, equidad de la competencia y el ejercicio de los derechos político-electorales.
Indicó que, en esta elección del Poder Judicial de la Federación, se van a renovar 881 cargos de jueces, magistrados y ministros.
La Fiscalía Electoral inició la difusión de mensajes en los tiempos oficiales de radio y televisión, así como en redes sociales, exhortando a la ciudadanía a denunciar los hechos ilícitos en materia electoral.
Los delitos electorales que pudieran presentarse antes, durante y después de los comicios del 1 de junio, están previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales; es decir, similares a los que se han reportado en anteriores procesos electorales federales.
Entre los delitos electorales, competencia de la Fisel para investigarlos y perseguirlos, están la compra o coacción del voto, el uso indebido de recursos públicos federales, condicionar la prestación de servicios o programas gubernamentales y la retención indebida de la credencial de elector.
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