La Fiscalía General de la República () impugnó la suspensión provisional otorgada al exgobernador de Michoacán, , contra la orden de aprehensión que se giró en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.

El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal deberá resolver, en un plazo de 48 horas, si confirma, modifica o revoca la suspensión concedida al exmandatario señalado junto con sus cuatro excolaboradores de causar un daño patrimonial por 3 mil 400 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro en esa entidad.

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Los exfuncionarios son: Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de esa misma dependencia y Antonio Bernal Bustamante, extitular de la SSP permanece en prisión preventiva justificada.

En tanto, Silvano Aureoles realizó el pago de garantía de 52 mil pesos que le impuso el secretario en funciones de juez en el juzgado decimoprimero de distrito en materia penal para mantener vigente la suspensión y frenar su detención aunque se le imponga la .

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