Ante la solicitud de Estados Unidos para detener con al gobernador de Sinaloa, , por nexos con Los Chapitos, la Fiscalía de General de la República (FGR) informó que su entrega se hará solamente si existen pruebas de las cargos que se le imputan, como establece el tratado de extradición firmado entre México y el vecino país del norte.

Horas después de que el Departamento de Justicia y la DEA presentaran ante una jueza del sur de Nueva York la acusación formal contra el mandatario morenista y otros nueve funcionarios y mandos policiacos, Ulises Lara López, vocero de la FGR, aseguró que la solicitud de extradición no viene acompañada de pruebas contundentes sobre los vínculos de los morenistas con el Cártel de Sinaloa.

El también fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes afirmó que el pedimento del gobierno de Estados Unidos requiere, además, que las autoridades mexicanas tomen las medidas necesarias para asegurar que la información contenida no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió con este caso.

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fundamental para ayudar al Cártel de
Sinaloa, que EU clasificó como organización terrorista extranjera.
Las autoridades de EU afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental para ayudar al Cártel de Sinaloa, que EU clasificó como organización terrorista extranjera.

“Lo anterior toma en cuenta, de acuerdo con la propia misiva, que dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan”, reviró.

A través de un mensaje videograbado, el vocero de la institución afirmó que la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida.

Lara López señaló que la legislación mexicana refiere que es necesario retirar la inmunidad procesal en el caso de gobernadores y senadores para poder ser detenidos por cargos que les imputen.

“Para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el Estado de derecho”, indicó.

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