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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informaron que la extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Además, en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por los trabajadores.
Destacaron que no se trata de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que aprueba igualmente la Cámara de Diputados. El CJF y la Corte resaltaron que el dictamen pasará al Senado de la República para su aprobación, por lo que el procedimiento legislativo todavía no está concluido.
Esto, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se reforman artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se extinguen 13 de los 14 fideicomisos del PJF.
Aclararon que el proyecto de presupuesto, que para 2024 implica la solicitud de 84 mil 792.4 millones de pesos, 4% superior a lo solicitado en 2023 de acuerdo a la inflación, está pendiente de discusión en el Poder Legislativo.
Así como todo el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y, de acuerdo con las expresiones de diversos legisladores, podría tener reducciones que afectarían también a las finanzas del PFJ.
“Los fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro. Ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el PJF está relacionado con gastos de ministras y ministros. Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales”, indicaron los organismos.
Enfatizaron que los fideicomisos se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos por los trabajadores, y al menos seis fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de los servidores públicos, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Los organismos subrayan que estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en otros instrumentos legales como son las Condiciones Generales de Trabajo. Señalaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha hecho observaciones sobre la legalidad de los fideicomisos y en 2019 realizó dos auditorías específicas a los fideicomisos del PJF, pero en ninguna observó irregularidades en la constitución o administración de los fondos.
La ASF verificó que los ingresos y rendimientos obtenidos se hubieran incorporado al patrimonio de las instituciones y que las erogaciones estuvieran justificadas y soportadas, derivado de lo cual únicamente emitió dos recomendaciones que se solventaron en su totalidad.
