En febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el uso de recursos en Segalmex para los ejercicios fiscales 2019 y 2020 que ascendían a cerca de 15 mil millones de pesos.
Ante las indagatorias de una red de corrupción, el 19 de abril de ese año, Leonel Cota Montaño sustituyó a Ignacio Ovalle Fernández —cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador por haber sido su primer jefe en la administración pública a finales de los 70— en la titularidad de Segalmex.
En septiembre de ese mismo año, se informó que se habían presentaron 32 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles hechos constitutivos de delitos por el fraude a Segalmex.
En marzo del año pasado, un juez de Control del penal de Almoloya de Juárez giró orden de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas a este desfalco multimillonario por los delitos de delincuencia organizada, peculado, así como lavado de dinero.
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El 16 de marzo de ese año, el entonces presidente López Obrador aseguró que Ovalle fue “engañado” por un grupo de priistas de “malas mañas” y acostumbrados a robar.
El 29 de junio, Roberto Salcedo Aquino, entonces titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseguró que el desfalco era de 9 mil 500 millones de pesos y no de 15 mil millones de pesos.
El 5 de septiembre pasado, en la recta final del sexenio de López Obrador, la SFP afirmó que tras un proceso de recopilación y presentación de evidencias, el fraude a Segalmex sólo ascendía a 2 mil 700 millones de pesos, equivalente a 28% de los 9 mil 500 millones observados. Ese mismo día, la Procuraduría Fiscal de la Federación informó que se habían obtenido 47 órdenes de aprehensión contra personas relacionadas con el desfalco y se vinculó a 26 personas a proceso penal, de las cuales nueve son exservidores públicos y 17, particulares.
Por este caso, el extitular de Segalmex, Ignacio Ovalle, ha quedado literalmente exculpado de toda responsabilidad, no así nueve funcionarios que enfrentan diversos juicios legales. Entre ellos, René Gavira, exdirector Administrativo de Segalmex, acusado de desviar más de 142 millones de pesos; recientemente, un juez liberó a Eduardo Alejandro Murillo Landeros, también implicado.