El gobierno de Estados Unidos ha ampliado el seguimiento a las actividades delictivas de organizaciones declaradas como terroristas en febrero pasado; no sólo se ha enfocado en el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que ha puesto la lupa y acciones específicas en grupos como Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste y La Nueva Familia Michoacana.
Desde el 20 de febrero, fecha en que el Departamento de Estado de la Unión Americana declaró a cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, tanto el Departamento del Tesoro como la fiscalía general de ese país han emprendido acciones concretas contra estas organizaciones criminales.
La más reciente ocurrió este 14 de agosto. Se ofreció una recompensa de hasta 26 millones de dólares a cambio de información para el arresto de cinco presuntos líderes de Cárteles Unidos: Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo; Nicolás Sierra, El Gordo; Alfonso Fernández; Luis Barragán, El R5, y Édgar Orozco, El Kamoni.
Las autoridades estadounidenses identificaron a estas personas como líderes de Cárteles Unidos y a esta organización la señala por ser una de las principales productoras de fentanilo en México y traficante de cocaína desde Colombia.
El pasado 6 de agosto, el Departamento del Tesoro también anunció sanciones en contra de tres líderes del Cártel del Noreste, que nació tras el desmantelamiento de Los Zetas. Las personas sancionadas fueron Abdón Federico Rodríguez García, El Cucho, acusado del delito de “narcoterrorismo” y considerado el número dos de la organización; Antonio Romero Sánchez, Romeo, y de Francisco Daniel Esqueda Nieto, Franky de la Joya.
Estados Unidos ha señalado asimismo al Cártel del Noreste como uno de los principales productores y traficantes de fentanilo hacia ese país, además de generar violencia extrema en territorio mexicano con extorsiones, asesinatos, decapitaciones y tortura.
El 21 de mayo se emitieron sanciones contra Miguel Ángel de Anda Ledezma y Ricardo González Sauceda, considerados dos altos mandos del Cártel del Noreste.
El 15 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas presuntamente relacionadas con La Nueva Familia Michoacana, entre ellas los presuntos líderes de la organización: Johnny Hurtado Olascoaga y sus hermanos José Alfredo, Ubaldo y Adita.
Entre las sanciones que impone el gobierno de Estados Unidos está el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas señaladas que se encuentren en su territorio, así como la prohibición para entrar al país.
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Cártel de Sinaloa y CJNG no dejan de ser prioridad
Entrevistado por EL UNIVERSAL, Luis Leal, internacionalista con estudios sobre organizaciones criminales en México por la Universidad de Copenhague, dijo que los cárteles Jalisco Nueva Generación y De Sinaloa no dejan de ser una prioridad para Estados Unidos, pero las acciones —tras la declaratoria del 20 de febrero— contra otras organizaciones pueden ser más directas.
“Antes era más labor de inteligencia. La intención era identificar cómo operaban y quiénes eran sus líderes; ahora están tomando acciones unilaterales, más allá de la coordinación entre gobiernos, para ejercer presión no sólo al gobierno mexicano, sino a las mismas organizaciones”, explicó.
Según el especialista, medidas como los drones operados por las fuerzas armadas de Estados Unidos que han sobrevolado zonas específicas de territorio mexicano demuestran el verdadero interés de la administración estadounidense de desmantelar a otros grupos criminales del país.
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“Están buscando descabezar a las principales organizaciones del crimen organizado en nuestro país, pero eso es algo que no funcionó en el pasado y no va a funcionar en el presente, a menos que haya un esfuerzo conjunto con el gobierno mexicano, no solamente para desmantelar estas organizaciones, sino incluso a funcionarios posiblemente involucrados”, enfatizó Leal.
El pasado 13 de agosto, un dron Guardian de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobrevoló, a petición del gobierno de México, según dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, una zona específica del Estado de México donde La Nueva Familia Michoacana cuenta con su más amplia zona de operación.