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Aunque existen avances en el marco jurídico para prevenir, proteger y perseguir la trata de personas, los esfuerzos siguen siendo insuficientes por lo que es necesario abordar esta problemática a partir de los diferentes contextos sociales de las poblaciones más vulnerables, consideró la profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alethia Fernández de la Reguera Ahedo.
Durante el "Seminario Permanente sobre Violaciones Graves a los Derechos Humanos: Diálogos en torno al Manual sobre Trata de Personas", la especialista presentó el capítulo de su autoría "Una mirada al delito y sus fines de explotación desde la sociología jurídica".
Nunca había habido tantos programas y acciones políticas para prevenir ese delito, pero los números sobre la incidencia siguen siendo altos, enfatizó ante el titular de la Catedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, Mario Luis Fuentes Alcalá.
"De lo que estamos hablando es que existe la falta de comprensión estructural de los procesos y de la complejidad social del delito. La trata de personas se debe pensar y analizar considerando la serie de violencias estructurales que la acompañan, las cuales no están siendo visibilizadas, comprendidas o identificadas como elementos fundamentales de prevención y protección", argumentó Fernández de la Reguera.
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De acuerdo con la experta, aún existen retos importantes para garantizar la justicia y generar condiciones de igualdad en el acceso a los derechos humanos de las víctimas.
La investigadora apuntó que no se debe perder de vista que en el incremento de este fenómeno existe una determinante de género que es importante entender, especialmente cuando se habla de trata con fines de explotación sexual o laboral, siendo un problema que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas.
Agregó que se pueden identificar algunos grupos que están en mayor riesgo, entre ellos el de mujeres migrantes, en particular las que no hablan español; empleadas domésticas y de la maquila; personas indígenas y afrodescendientes; y trabajadoras sexuales.
Otro problema asociado, puntualizó, es la llamada securitización fronteriza que ha llevado a la militarización con lo cual han aumentado, de manera significativa, los riesgos para las personas migrantes.
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Si bien es cierto que este asunto no necesariamente está vinculado al cruce fronterizo y que el proceso de enganche, traslado y explotación se puede realizar sin cambiar de país o de ciudad, existe relación con la migración internacional en donde los riesgos aumentan cuando se aplica una política que criminaliza a las personas migrantes, explicó.
Ante la aplicación de esta medida punitivista y de persecución, varias de ellas, para no ser descubiertas o detenidas, evitan quedarse en albergues y prefieren trasladarse con traficantes de seres humanos, razón por la cual eventualmente son víctimas de trata, detalló.
Fernández de la Reguera Ahedo subrayó que hay esfuerzos y recursos que se invierten en la persecución de este delito, que no necesariamente se manifiestan en el número de investigaciones, de casos procesados o en las sentencias y, por lo tanto, no hay disminución del problema.
Lo que sí sabemos es que quienes acaban con frecuencia en la cárcel porque fueron detenidas en operativos antitrata, son las poblaciones extremadamente vulnerables. Hay casos de mujeres indígenas, migrantes, trabajadoras domésticas y sexuales o afanadoras de los hoteles, que son detenidas y acusadas de este flagelo.
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La experta del IIJ comentó que el Manual sobre la Trata de Personas, puesto a consideración del Poder Judicial, abre la oportunidad de discutir en torno a una nueva política integral de prevención y de protección de las víctimas y también de persecución del delito. Incluye la diversidad de contextos y prácticas que se realizan en donde se presenta este fenómeno social y su relación con los problemas clave de la agenda nacional.
Al respecto, Mario Luis Fuentes recordó que ese documento se elaboró por encargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la UNAM, el cual debe considerarse abierto al diálogo, a la discusión y la reflexión.
Indicó que el análisis de esta problemática debe acompañarse con el debate y el diálogo en donde la opinión y las aportaciones de jueces y magistrados es fundamental, toda vez que ellos son el objeto principal de ese Manual.
Fuentes Alcalá adelantó que como parte de las acciones de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata, a partir del próximo 6 de junio se impartirá, en la Facultad de Psicología, un taller en materia de desafíos para identificación, atención y asistencia a víctimas de violencias con enfoques sensible al trauma.
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Además, este año, a petición del gobierno de Belice, la UNAM, a través de la Catedra, diseñará un diplomado en línea sobre la trata de personas y el trabajo forzoso, en el marco de la Conferencia Regional de Migración, con el fin de reflexionar a nivel regional junto con los países centroamericanos y del Caribe.
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