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El acelerado incremento en el número de adultos mayores en nuestro país implicará la definición de legislación y políticas que promuevan su integración al desarrollo y atiendan sus necesidades, señala un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
La investigación titulada “Reformas en materia de derechos de las personas mayores”, destaca que en 2024 las personas mayores de 60 años representan el 12.9% de la población, aunque se espera que dicha proporción se incremente a 25% en el año 2050.
El estudio, elaborado por Concepción Torres Ramírez señala que este incremento en el número de personas mayores significará también el surgimiento de demandas sociales específicas que deberán ser atendidas mediante leyes y políticas distintas, tanto para su integración al desarrollo como para la atención de sus necesidades.
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En ese sentido, refiere que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece los derechos específicos de esta población, pero es necesario reformar otras leyes para poner en sintonía a nuestro país con la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, ambos instrumentos emitidos por la ONU para proporcionar protección y cuidados a los adultos mayores.
Actualmente, en el Senado de la República se encuentran en análisis 18 iniciativas que buscan reformar distintas leyes en materia de personas mayores.
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