“El poder puede erosionar la confianza ciudadana”

Con un llamado a no repetir la historia de desencuentros en el Tribunal Electoral, el magistrado Gilberto Bátiz asumió la presidencia de este órgano y pidió la apertura de sus colegas a fin de no tener un pleno dividido.

“Un tribunal dividido, puesto en polarización incluso mediática, no sirve a México. Pretendo desde esta responsabilidad ser un catalizador de soluciones, no un generador de conflictos”, pronunció en su primer discurso en este cargo.

“Para ello es indispensable la experiencia, pericia y apertura de mis colegas magistrados. Sin su apoyo, esta nueva etapa de la justicia electoral sería inviable”, dijo.

En los últimos años el Tribunal Electoral ha estado marcado por una lista de presidencias fallidas, que se vieron orilladas a renunciar por diferencias internas o presiones, por lo que no concluyeron sus periodos.

El magistrado presidente recordó que la democracia es frágil y si no se cuida todos los días se desmorona, al igual que la confianza ciudadana.

“Nuestro país ha vivido momentos en que la voluntad popular ha sufrido presiones indebidas o violencia que amenaza el libre ejercicio del voto. La historia también nos ha enseñado que el abuso de poder y los excesos partidistas pueden erosionar la confianza ciudadana”, advirtió.

Como una anécdota para cerrar su intervención, Gilberto Bátiz recordó que hace 20 años trabajaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero fuera de esos muros miles de ciudadanos protestaban por lo que señalaban como un fraude electoral.

Sin mencionarlo directamente, se refirió a la protesta contra la elección de 2006 en la que ganó Felipe Calderón con una diferencia mínima sobre Andrés Manuel López Obrador, quien acusó fraude.

Recapituló los campamentos improvisados en Paseo de la Reforma, pasando por la avenida Juárez, llegando a la calle de Madero y desembocando en el Zócalo.

“Desde aquel entonces y hasta el día de hoy, y sobre todo durante los días de campaña, me acompaña una convicción firme: los ciudadanos no deberían estar abandonando ni sus casas ni sus trabajos ni mucho menos sus familias o sus responsabilidades, y menos exponer esa integridad física para defender, así sean sus derechos político-electorales”, subrayó.

El pleno de la Sala Superior sólo tuvo cinco integrantes: Claudia Valle, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez y Gilberto Bátiz. La gran ausente fue Mónica Soto, quien recién acaba de dejar la presidencia y se conectó por vía remota.

Bátiz García presentó cinco ejes de su presidencia: una colegialidad funcional, un tribunal cercano, decisiones que fortalezcan la estabilidad y gobernabilidad, un aterrizaje administrativo ordenado y racional, y una justicia con rostro humano.

Su periodo al frente del TEPJF será del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2027, posterior a la segunda elección del Poder Judicial de ese año.

Sobre el presupuesto, afirmó que revisarán con responsabilidad cualquier ajuste que fortalezca la racionalidad del gasto sin comprometer la independencia judicial, ya que esta “también se protege con estabilidad institucional”.

También compartieron asiento con el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya, cada uno sentados al lado de Bátiz. Todos emanados del voto popular.

Al fondo del pleno estaban cinco de los nueve ministros de la SCJN: Lenia Batres, Irving Espinosa, Sara Herrerías, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero, sin la presencia de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y María Estela Ríos.

Otra de las grandes ausentes fue la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. En su lugar acudieron la secretaria ejecutiva Claudia Espino, las consejeras Dania Ravel, Claudia Zavala, Carla Humphrey y el consejero Arturo Castillo.

Entre el desfile de invitados destacó Pablo Gómez, encargado de la comisión presidencial para la reforma electoral, quien terminó sentado justo en medio de las consejeros del INE con quienes ha tenido desacuerdos previos.

Como una muestra de respaldo, el ministro presidente de la Suprema Corte sostuvo que con este cambio existe una transformación de la vida institucional del tribunal, ya que las magistrados no llegaron por producto de acuerdo entre partidos, sino por el voto popular.

Esta nueva etapa, apuntó, debe consolidarse “con una justicia cercana al pueblo, alejada de las presiones partidarias, comprometida totalmente con la democracia”.