Urgen a mejorar la regulación
La regulación de las criptomonedas en México se concentra, sobre todo, en la Ley Fintech, promulgada en 2018, la cual define legalmente a activos digitales como las criptomonedas.
Isaac López, fundador de Layer 2, una consultoría especializada en criptoactivos, explica en entrevista que todo lo que no sea un banco o una empresa tecnológica de servicios financieros (fintech) puede operar libremente sin ninguna limitación en México. No obstante, López señala que “cualquier persona que realice operación con activos virtuales y no lo declare como ingresos puede generar una discrepancia fiscal que es visible para el SAT”.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que las operaciones con activos virtuales mayores a 72 mil 975 pesos deben reportarse a la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, un informe de la Organización de las Naciones Unidas, publicado en 2021, señala que los cárteles mexicanos burlan fácilmente este umbral definido por ley. Esto lo logran al dividir su dinero ilícito en pequeñas cantidades y depositarlo en varias cuentas bancarias, una técnica conocida como smurfing. Luego usan esas cuentas para comprar pequeñas cantidades de criptomonedas en línea, ocultando el origen del dinero y permitiéndoles pagar a sus socios en otras partes del mundo.
Ante este panorama, Sofía Rojas, especialista en derecho financiero, señala que es necesario que México establezca una regulación más precisa. “Tiene que saber identificar los diferentes tipos de criptos que existen y qué es lo que se tiene que cuidar con cada una de ellas”. Además, puntualiza que lo más importante es avanzar en la identificación de los clientes que usan criptomonedas para evitar el lavado de dinero.
“Hace falta más claridad regulatoria porque hoy la ley está muy desactualizada y existen muchos vacíos legales respecto de qué es un activo virtual y qué no es un activo virtual”, aseveran los especialistas consultados.
El pasado martes, la DEA informó el decomiso de 10 millones de dólares en criptomonedas al Cártel de Sinaloa. “La operación pone en evidencia una omisión regulatoria en México. Ante ello, es necesario una colaboración internacional”, advierte Rojas.
“El país debería establecer canales formales y permanentes de inteligencia financiera con agencias como la DEA y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Además, se necesita capacitación especializada en autoridades clave como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR)”, agrega la abogada.
Los especialistas entrevistados urgen a mejorar la regulación ante las acciones de la DEA, pues puede verse perjudicada la reputación de instituciones financieras mexicanas ante Estados Unidos.
