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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enfatizaron que el caso Ayotzinapa no se cierra porque no sigan. Esto luego que la semana pasada presentó su sexto y último informe.
“El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desparecidos. Un caso de desaparición forzada como este y el conjunto de otros muchos casos en México suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad”, consideraron en un posicionamiento Angela María Buitrago y Carlos Beristain.
Indicaron que en ningún momento realizaron valoraciones políticas, ni manifestaron opiniones, tampoco dejaron que las discusiones políticas en México condicionaran la autonomía e independencia del GIEI.
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Resaltaron que han proporcionado análisis con base en las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional, han trabajado para proporcionar confianza en la investigación y en las instituciones, una confianza que ha estado deteriorada en el país durante décadas.
“Para los familiares y víctimas del caso, el GIEI ha sido una fuente fundamental de información fiable, de apoyo a la reivindicación de la verdad y sobre todo de esperanza. Es esa esperanza de las familias y de la propia sociedad la que necesita respuestas. Gracias, papás, mamás y familiares”, destacaron los expertos.
Indicaron que el GIEI llegó a México en marzo del 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y de coadyuvancia en la investigación mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Refirió que después de un periodo inicial de catorce meses en el que el GIEI mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la Procuraduría General de la República (FGR) y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 como invitada por el nuevo gobierno y los padres quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH.
Subrayó que las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas y en el primer periodo de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas.
Esto por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del Ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos.
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