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Por: Blanca Navarrete García y Ciela Ávila Velasco
El 26 de septiembre se cumplirán 914 días de la tragedia ocurrida el 27 de marzo de 2023 en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. En este hecho hay un Camaleón. Salido de la mitología, en modo teriantrópico, el excomisionado del INM, Francisco G. Y., ha logrado llevar el caso hasta la disculpa pública, misma que se realizará este viernes en el Museo de la Ciudad de México a las cinco de la tarde.
Cuando escuchamos sobre una disculpa pública en el ámbito de los derechos humanos, solemos remitirnos a los actos en los que el Estado mexicano ha sido declarado culpable ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por ende, asumimos que es una medida que integra la reparación integral del daño pero que se obtiene después de muchos años de agotar los recursos judiciales internos y recurrir al sistema regional de protección. Lo que para las personas víctimas significa superar múltiples obstáculos y desgastar su vida al máximo para alcanzar la justicia en deuda.
No obstante, en el caso del incendio, la disculpa pública del excomisionado, es una medida que forma parte de la suspensión condicional del proceso penal 237/2023 que él enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
A través del discurso, el maestro del camuflaje, construyó con el aparato estatal una narrativa donde las víctimas no son víctimas y donde el presunto victimario, no tiene responsabilidad.
De manera reiterada utilizó entrevistas para desvirtuar la información del proceso penal en su contra, insistiendo sobremanera en su falta de responsabilidad por encontrarse a miles de kilómetros de distancia cuando ocurrieron los hechos. Esas mismas ocasiones en que se defendió con una estrategia mediática, pudo usar los micrófonos y cámaras para externar palabras de verdadero arrepentimiento.
Bajo ese descarado escenario de hiperrealidad, sostenemos que no es la disculpa del Estado mexicano, sino un acto individual donde se deben reconocer los hechos con apariencia de delito por los cuales Francisco G. Y. ha resultado imputado.
La disculpa es entonces, dentro de este siniestro contexto, un hecho que le permite cumplir con las condiciones impuestas por el juez de control, pero no un acto emanado de una reflexión personal y sincera sobre sus responsabilidades como titular del Instituto Nacional de Migración, así como de las omisiones en las que incurrió para que cuarenta hombres perdieran la vida y veintisiete más resultaran gravemente lesionados, sin olvidar las quince mujeres que no han sido reconocidas como víctimas por el Estado.
En junio de 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 111VG/2023. El instrumento no vinculante hace referencia a las medidas de satisfacción que forman parte de la reparación integral del daño, con base en los artículos 27, fracción IV y 73 de la Ley General de Víctimas, legislación en la que se cita la importancia de reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas, así como actos que conmemoren su honor y aquellos destinados al reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades. Con base en la aceptación de esa recomendación que hizo el entonces comisionado, pudo gestionar la organización del acto de disculpa pública, pero eso no ocurrió.
Si bien, la Justicia tiene los ojos vendados para garantizar imparcialidad, este caso tan particular, nos deja el precedente de que ha llegado el momento de quitarle esa venda para apreciar que no estaremos ante un acto genuino, pues han pasado más de dos años para que el excomisionado se viera obligado a disculparse ante las víctimas sobrevivientes y familias de personas fallecidas.
Una disculpa pública debería ser un acto moral, una acción consciente de un servidor público que reconoce las omisiones en las que incurrió, no un mecanismo de salida de un proceso jurisdiccional, por qué entonces, ¿cómo se asegura a las víctimas que la persona de quien reciben la disculpa está verdaderamente arrepentida?
A casi cinco meses de que el Camaleón dejara su cargo, este sigue camuflándose entre el papel de funcionario e individuo imputado para lograr ganar la desvinculación que le marcó como el funcionario de mayor rango implicado en un hecho catalogado como grave violación a los derechos humanos en la misma ciudad donde obtuvo su grado de maestría en Derechos Humanos.
Integrantes de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
