El número de asesores jurídicos federales que prestan atención a víctimas y que dependen de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) descendió 63.5%, al pasar de 129 en 2019 a 47 en 2024, de acuerdo con cifras oficiales procesadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“Esto es algo que tendríamos que ver reflejado inicialmente en una priorización de las necesidades de las víctimas en retomar el liderazgo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y, sobre todo, verlo reflejado en los presupuestos. Regresar a lo que era la garantía mínima de un presupuesto anual que estaba prevista en la ley, que fue reformada cuando se eliminó el FAARI, el fideicomiso que permitía tener una partida específica para las medidas de atención a las víctimas”, dice María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro Prodh.
El informe de la ONG, De la Esperanza a la decepción. Una década del Sistema Nacional de Víctimas, registra que en los estados más conflictivos a causa de la violencia del crimen organizado, como Sinaloa, tienen apenas tres asesores jurídicos.
Según el organismo, la Ciudad de México encabeza la lista con el mayor número de asesores jurídicos, con 39, mientras que en estados como Tlaxcala apenas hay uno.
El Centro Prodh expone que una de las atribuciones principales de la CEAV es brindar servicios de asesoría jurídica federal, área encargada de garantizar a las víctimas la designación de un licenciado para orientar, asesorar o intervenir en los procedimientos legales como su representante en calidad de asesor jurídico.
Explica que “la figura del “asesor jurídico victimal” fue incorporada en el Código Nacional de Procedimientos Penales a partir de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, reconociendo que los sujetos que participan en calidad de parte en los procedimientos penales son: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico.
“El sistema penal reconoce como derecho de las víctimas el contar con asesor jurídico para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. Si el ofendido no puede designar un asesor particular, tiene derecho a que le sea asignado uno de oficio, lo que en los procesos por delitos del fuero federal será obligación de la Comisión Ejecutiva a través de la Asesoría Jurídica Federal”, expone.
Aguilar expone que este descenso en la asesoría jurídica federal de la CEAV tiene que ver a una falta de priorización de este tema central para la atención a víctimas, además de la carencia presupuestal.
“Al final del día es una inversión amplia el poder tener más asesores jurídicos victimales en el país. Lo vemos en el día a día con las personas que llegan aquí y con los colectivos, sobre todo de familias de personas desaparecidas que vemos tocando las puertas del Centro Pro, que al fi- nal tienen muchas necesidades de medidas de atención, sobre todo las madres buscadoras que se hacen cargo de los niños que requieren de atención médica, becas, que necesitan sostener económicamente a una familia que dependía de las personas desaparecidas”, menciona.
“Seguimos viendo cómo en las necesidades más puntuales de las víctimas, que son el poder tener certezas de sus procesos penales, de las investigaciones, etcétera, vemos que hay un desentendimiento, una falta de prioridad por parte de las instituciones”, subraya.
Para el activista y exmiembro del Consejo Consultivo de la CNDH, Michael Chamberlin, en las últimas dos administraciones las víctimas no han sido prioridad, lo que se refleja en las decisiones que se toman en materia de víctimas.
Las comisiones Nacional de Búsqueda y Ejecutiva de Atención a Víctimas carecen de personal y de financiamiento, además, hay representantes jurídicos de la CEAV que no tienen capacidad y no dejan que colaboremos en el acompañamiento del caso”, apunta Chamberlin.