La Comisión de Seguridad Ciudadana, de la , aprobó dos dictámenes de reformas en , propuestas por la presidenta ; y se prevé que el pleno discuta ambos proyectos en la sesión que realizará mañana.

Los dictámenes plantean expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, ambos documentos fueron avalados por separado, por 25 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

La iniciativa para expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, propone permitir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recolectar, procesar y aprovechar información en tiempo real, relacionada con riesgos y amenazas a la seguridad pública.

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Además, faculta a la dependencia para solicitar a las instituciones de seguridad pública, a todas las instituciones y dependencias del Estado, así como a entes privados, el envío de información contenida en registros vehiculares y de placas, datos biométricos, datos telefónicos, registros públicos inmobiliarios, y de personas morales y catastros.

Así como registros fiscales, registros telefónicos, registros de armas de fuego, registros de comercio, registros de inmuebles, registros de prestadores de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, y en todos aquellos casos de donde pueda extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones.

También podrá disponer la aplicación de medidas de inteligencia y contrainteligencia con el objeto de detectar, neutralizar, contrarrestar y combatir las acciones de delincuentes, organizaciones y grupos criminales locales, regionales, nacionales y transnacionales.

El sistema se conformará a partir de la conexión de los sistemas de investigación y de inteligencia de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (a través de la Guardia Nacional), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, fiscalías y procuradurías de las entidades federativas.

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Así como las secretarías de seguridad pública de las entidades; los centros penitenciarios federales, estatales y municipales; la Secretaría de Gobernación; el Servicio de Administración Tributaria; la Unidad de Inteligencia Financiera; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y registros públicos de catastros, entre otros.

Mientras que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública plantea la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, que dará acceso total a las instituciones de Seguridad Pública, las cuales podrán hacer uso de ella para “obtener datos de prueba”, a fin de combatir delitos como extorsión y secuestro.

En la discusión de los dictámenes, el diputado César Damián (PAN) reclamó que les compartieron los documentos apenas hoy por la mañana, y no tuvieron tiempo para revisarlos. Y afirmó que son preocupantes las reformas, ya que podrían violar los derechos humanos.

“Nos preocupan las posibles violaciones a Derechos Humanos, nos preocupa de sobremanera la protección a la intimidad, que se viole el derecho a la privacidad de las y los mexicanos. Por supuesto que también nos preocupa el uso indebido de datos, por parte de la autoridad, no vaya a ser que se vuelvan a encontrar en Tepito, bases de datos a la venta y a precios, de hecho, accesibles para algunos secuestradores y extorsionadores”, dijo.

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Por su parte, el diputado Ricardo Mejía (PT) señaló que las atribuciones que se le conferirán, en caso de aprobarse los dictámenes, a la SSPC son necesarias para que combata de manera eficaz al crimen organizado.

“Consideramos que la Secretaría de Seguridad, lo digo por experiencia propia, también necesita tener estas facultades de investigación e inteligencia, por eso no podemos regatearle ningún marco jurídico que abone a esta consideración. Se refuerza la Ley del Sistema, al consejo nacional de seguridad pública, todo el sistema de inteligencia para la seguridad, va a permitir que la Secretaría de Seguridad cuente con todas las bases de datos para dar trazabilidad a los datos policiales, los datos de investigación, los datos de inteligencia, y poder actuar con mayor eficacia y efectividad”, expresó.

El diputado Emilio Lara (PRI) también se quejó por la premura con que se votaron los dictámenes, y lamentó que Omar García Harfuch u otro funcionario de la SSPC hayan acudido con anticipación a San Lázaro, para explicar ambas iniciativas de la presidenta Sheinbaum.

“En esta ocasión no podemos acompañar el dictamen. Nuestros coordinadores parlamentarios estuvieron insistiendo en que se acerquen funcionarios de la Secretaría de Seguridad para explicarnos, ahondar los temas que hoy se discuten, si bien hoy celebramos que se encuentren con nosotros el titular del área jurídica, hubiéramos preferido que sucediera con anticipación”, dijo.

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bmc

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