A días de que arranquen las campañas para elección judicial, la directora de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez hizo un llamado a no permitir que la “democracia mexicana sea aniquilada con un voto disfrazado de participación popular”, que pudiera terminar infiltrado por el crimen organizado.
Desde Ginebra, Suiza, donde participó en la 58 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la jueza consideró que participar en los comicios programados para el 1 de junio de 2025 “significa consolidar un régimen autoritario, donde la justicia estará sometida a la voluntad del gobierno y los derechos humanos quedarán a merced del poder político”.
“Participar en estas elecciones judiciales es abrir la puerta a los abusos y a la arbitrariedad, es un retroceso a los años más oscuros del autoritarismo en México. Cotidianamente surgen pruebas de que el proceso conducido por el Instituto Nacional Electoral está fuera de control, y que no existen garantías de que sus resultados no serán alterados por efecto de una Elección de Estado”, consideró.
Por lo que pidió a los mexicanos “comprender que el próximo primero de junio enfrentarán una decisión que definirá el destino de nuestra democracia. No se trata de una simple elección judicial, sino de la desaparición definitiva de la independencia del Poder Judicial”.
Por ello, reiteró, “hago un llamado firme a los ciudadanos, empresarios, abogados y organizaciones ciudadanas: no sean cómplices de un gobierno que busca controlar al Poder Judicial para prolongarse en el poder y someter la vida jurídica del país a su conveniencia. Ustedes conocen bien las consecuencias de este atropello a nuestra democracia. Lo único que se les pide es que refrenden su compromiso con la Constitución y con el verdadero Estado de derecho. La indiferencia en este momento equivale a la claudicación de nuestros principios democráticos”.
Y sentenció: “Si permitimos que la independencia judicial sea destruida en México, sentaremos un precedente nefasto para la región. Callar ante esta crisis es ser cómplices de su consolidación”.
Fuentes Velázquez afirmó que “la democracia mexicana pende de un hilo, y sin una solidaridad firme y una presión internacional efectiva, México no volverá a ser la democracia por la que tantos luchadores dieron su vida. Esta es una alerta internacional. No podemos permitir que el silencio y la inacción legitimen el sometimiento del Poder Judicial”.
Ante integrantes del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos y el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la titular de la Jufed urgió a la comunidad internacional a reconocer que lo que ocurre en México “es un punto de quiebre para la región latinoamericana, y que su indiferencia abrirá la puerta a una nueva era de autoritarismo”.
“La historia juzgará no solo a quienes han perpetrado este golpe contra la justicia, sino también a quienes, pudiendo intervenir, optaron por mirar hacia otro lado. “Confío en que la comunidad internacional no será indiferente. La lucha por la independencia judicial en México es, en el fondo, la lucha de toda sociedad que cree en la justicia y en la libertad”, sostuvo.
La jueza Juana Fuentes Velázquez afirmó que “lo que ocurre hoy en México, no es solo una crisis institucional, sino la demolición deliberada del Estado de derecho mediante el uso ilegal y desproporcionado de los medios de comunicación del Estado y la manipulación de la opinión pública con el propósito de justificar un golpe de Estado al Poder Judicial”,
Acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum, de utilizar las conferencias de prensa diarias para distorsionar la verdad y fabricar una narrativa de corrupción dentro del Poder Judicial.
“Los juzgadores han sido exhibidos y denostados en esas conferencias de prensa generando una grave incitación a la violencia en su contra, a través de un discurso de odio, contraviniendo las convenciones y tratados internacionales”.
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“Este uso sistemático del aparato de comunicación estatal como un arma de persecución ha tenido un solo objetivo: justificar, ante la opinión pública una reforma constitucional inconvencional que disuelve la Suprema Corte mexicana y realiza una purga del Poder Judicial de aquellos juzgadores que resultan incómodos al régimen oficialista”.
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