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El pasado 4 de septiembre, el ex director del desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, y actual subdirector de Integración y Desarrollo del Sector Salud, fue designado como el encargado de las contrataciones consolidadas que realice la Secretaría de Salud (SSa).
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el acuerdo que entró en vigor el mismo día, y que a la letra dice: “Se delega en la persona Titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud de esta Dependencia, el ejercicio de las facultades relacionadas con los procedimientos de contratación consolidada que instrumente esta Secretaría”.
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Lo anterior, a pesar de que Ferrer no ha rendido cuentas por 409 mil millones de pesos que ejerció en tres años al frente del Insabi, y porque dejó contratos abiertos por 15.6 mil millones de pesos, al momento de que se extinguió el Instituto.
El pasado 25 de abril, a propuesta del diputado Emmanuel Reyes Carmona, la mayoría de Morena, el PVEM y el PT, desapareció en fast track (el mismo día que se presentó la iniciativa) el Insabi, y delegaron sus funciones al IMSS-Bienestar.
Durante esa sesión de la Cámara de Diputados, la oposición calificó al Insabi como un “rotundo fracaso” porque provocó que alrededor de 15 millones de mexicanos se quedaran sin acceso a dichos servicios, mismos que anteriormente eran atendidos por el Seguro Popular.
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Juan Antonio Ferrer fue citado posteriormente por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el pasado 17 de mayo, para que entregara el informe de su gestión, pero dos días antes, los diputados de Morena y sus aliados cancelaron dicha reunión.
Consideraron que la comparecencia del ex titular del Insabi estaba fuera de tiempo, y era más importante recibir un informe del nuevo modelo de atención que implementará el IMSS-Bienestar.
Asimismo, el Insabi desapareció con un déficit de plazas de personal de salud autorizadas, así como contrataciones sin comprobar y metas incumplidas para brindar servicios a personas sin seguridad social, principalmente en zonas marginadas del país, de acuerdo a una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) a la Dirección General del Insabi y a la Unidad de Coordinación Médica.
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