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Las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que las decisiones tomadas de forma colegiada no deben ser objeto de persecusión administrativa o sanciones externas, luego de que el Órgano Interno de Control inició un procedimiento en su contra por una queja de 2021.
La queja interpuesta por Sergio Gutiérrez Luna, entonces representante de Morena ante el órgano electoral, fue por la determinación de pausar la organización de la revocación de mandato por falta de recursos, aunque esta se reanudó unas semanas después.
"La independencia de criterio es un valor indispensable en el ejercicio de la función electoral. Las posturas de un órgano colegiado son parte del espíritu democrático, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por las normas jurídicas a sus integrantes. Las y los consejeros electorales tenemos la plena libertad para emitir votos con base en convicciones jurídicas y técnicas, sin presiones ni condicionamientos", sostuvieron en un comunicado.
Subrayaron que la pluralidad de visiones y criterios de quienes integran el Consejo General constituyen un pilar de la democracia mexicana.
Esa diversidad, añaden, fortalece a la institución y garantiza que sus decisiones se adopten de manera transparente, democrática y en estricto apego a la Constitución y a las leyes que la rigen.
"Las y los consejeros refrendamos nuestro compromiso con la defensa de la autonomía, la independencia y la pluralidad que nos caracterizan como órgano constitucional autónomo. Estos principios son indispensables para que la ciudadanía tenga certeza de que las decisiones del Instituto se toman de manera imparcial, libre de presiones políticas y en beneficio de la vida democrática del país", apuntaron.
Señalaron que el Consejo General del INE delibera y resuelve bajo el principio de colegialidad. Esto significa que las decisiones se adoptan de manera conjunta, y en su caso, la revisión de acuerdos corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Por su parte, el consejero Martin Faz calificó como "reprobable e inadmisible" la decisión del Órgano Interno de Control de reactivar una denuncia del año 2021, contra consejerías con motivo de una decisión colegiada del Consejo General.
"Es un grave precedente que busca inhibir independencia de sus integrantes. Las decisiones colegiadas resultan de deliberaciones y hasta diferencia de opiniones públicamente expresadas y motivadas, y no deben ser objeto de persecución ni ameritar procedimientos administrativos o penales, como originalmente se pretendía. La acción del OIC es injustificada", sostuvo en su cuenta de X.
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