
La CURP con fotografía y huellas dactilares como fuente única de identidad de las personas está incluida en las reformas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, sin embargo, no servirá para casos de larga data, ni para buscar o frenar las desapariciones forzadas en el país, advierten colectivos de familias buscadoras.
“No es una herramienta de búsqueda en vida de los casos de larga data y del día de hoy. Es para los casos del futuro, ya cuando la CURP esté funcionando con todos estos datos biométricos y que toda la población la tenga actualizada, claro que va a ser una herramienta de búsqueda bastante importante, pero en la prevención”, sostuvieron.
El Contingente contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y la Unión y Red Nacional de Búsqueda y RIAPD indicaron que a pesar de las mesas de diálogo entre colectivos y la Secretaría de Gobernación, no están conformes con los resultados pues solo se discutió la Ley General de Desaparición y no tuvieron acceso al paquete de reformas que están en discusión en el periodo extraordinario de sesiones.
De hecho, no se revisó ni la mitad de los artículos de dicha ley, únicamente aquellos que tenían propuestas desde la presidencia de la República. Además, señalaron que no es responsabilidad de las familias legislar o enmendar el daño generado por instituciones manchadas por corrupción y violencia institucional.
“Cuando tienes 129 mil personas desaparecidas desde 1960, de las cuales más de 60 mil han ocurrido desde 2019 y siguen sin tener capacidad de evitar que más desapariciones sucedan todos los días (alrededor de 40 diarias), o no tienes capacidad de encontrar a las que sucedieron en el pasado, no tienes la capacidad forense de identificar a más de 72 mil personas fallecidas que pudieran ser parte de las 129 mil pues aquí y en China se le llama omisión”, señaló la buscadora Grace Fernández.
En conferencia de prensa, buscadoras señalaron que tampoco hubo posibilidad de revisar otros marcos normativos que usarán la Plataforma Única de Información (PUI) y otros temas que deberían tener una armonización legal.
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Por otro lado, familias buscadoras proponían al Banco Nacional de Carpetas de Investigación integrar carpetas abiertas por desaparición y otros delitos vinculados.
“Porque hoy por hoy sabemos que la mayor parte de las desapariciones (80%) pues vienen de delincuencia organizada. Y esta es una ley que también se tendrá que reformar para que mire hacia allá el tema de secuestro, entre otros. Esa parte quedó pendiente porque solamente es lo que dice la propia ley y en función de los delitos que la propia ley establece”, explicó el buscador Martín Villalobos.
Respecto a la Plataforma Única de Identidad (PUI), que será creada con las reformas a las leyes generales de Población, y en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; Martín Villalobos dijo que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones aclaró dudas de las buscadoras y descartó que se trate de una base de datos de toda la sociedad.
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“Es un buscador en donde tú entras, pones el nombre o información que tengas de la persona y aparecerán los registros de las bases de datos a las que tiene acceso. No se trata de una base de datos, sino de un buscador, lo que va a hacer es ir justamente a las bases de datos que hoy por hoy están resguardadas por las instituciones que trabajan con ellas de manera obligada”, explicó en conferencia de prensa.
Mencionó que de encontrarse información valiosa de una persona desaparecida, se deberá reportar y esto quedará guardado para dar seguimiento. Ante preocupaciones de la sociedad civil sobre vulnerar a la sociedad en general, se acordó que funcione como un motor de búsqueda de personas desaparecidas.
“Se establecieron preocupaciones de cómo iban a acceder a esa información de que cualquier persona podría acceder a esta base de datos y que lo que nosotros necesitábamos era garantizar que esta base de datos tuviera los controles, tuviera el seguimiento, tuviera el mapeo de quiénes, hasta dónde y para qué”, recordó el activista.
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En ese sentido, dijo, lo que se propuso es que esta base de datos pudiera tener dos “llaves”: Una que exista con una ficha de búsqueda y la otra que pudiera hacer que exista una carpeta de investigación que serían los dos elementos que desde la ley de desaparición pudieran generar dicha búsqueda.
“Hay elementos de seguridad que tendrían que ser de alguna manera trabajados para poder garantizar esta certeza a la sociedad. Dentro de ello se logró que si hay mal uso de los datos a través de esta herramienta, pues pudieran ser sancionados y quedó por en un transitorio”, destacó.
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