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Andrés García Repper, quien fuera presidente del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para seleccionar a los candidatos a diversos cargos del Poder Judicial que se votarán el 1 de junio, consideró que “es muy probable” que se hayan colado aspirantes a jueces y magistrados ligados a la corrupción y al crimen organizado.
En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que lo anterior se debió a que el Comité del Poder Judicial “no hizo su trabajo” y no revisó los perfiles de quienes se registraron, motivo por el que todos fueron integrados a las listas sin ser verificados de forma adecuada.
Por lo que corresponde al Comité del Poder Legislativo que encabezó, García Repper aseguró que su trabajo fue “exhausto” y no hay elementos para considerar que se les haya colado un impresentable.
“En el Comité de Evaluación del Poder Legislativo no tuvimos ningún caso así. Lo que sucedió es que el Comité de Evaluación del Poder Judicial quiso sabotear el proceso y dijo ‘yo ya no hago nada’, Y entonces el Senado dijo ‘no podemos dejar las propuestas del Poder Judicial’ y así se integraron las listas, sin revisar la idoneidad de los aspirantes y sin que mucho menos se les aplicaran entrevistas. Entonces, ese comité mandó así sus listas y entre ellos se fueron muchos jueces que favorecieron a presuntos delincuentes, a empresarios morosos, jueces que atentaron contra la reforma judicial violando la Constitución y ahora quieren reelegirse en el cargo, entre otros impresentables, pero insisto, en nuestro comité nunca recibimos una sola denuncia, ni siquiera anónima, pues diciendo ‘oye, tal persona hizo tal o cual cosa”, aseveró.
El abogado constitucionalista detalló que solicitaron y recibieron información de los perfiles por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a la posibilidad de que alguno tuviera antecedentes penales, averiguación previa o carpeta de investigación.
“Todo eso se verificó y también que no hubiera una sanción por mal ejercicio de la función pública o que no formaran parte del padrón de personas sancionadas por violencia política de género o por personas que fueran deudores alimenticios”, comentó.
Maday Merino Damián, quien también integró el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, advirtió que como parte de los filtros para garantizar la probidad de los aspirantes, vetaron a varias decenas de personas.
“Tuvimos muchos filtros, verificamos que no fueran personas con algún tipo de responsabilidad por temas de corrupción. Hicimos una verificación de personas que tuviesen algún tipo de sentencia firme sobre violencia política en razón de género, implementamos también el filtro relacionado a personas que tuvieran alguna sentencia firme en materia penal, solicitamos ante los tribunales que nos dijeran si alguna de las personas que estaban participando era deudor de alguna pensión alimenticia, hasta pedimos al INE la lista de personas con denuncias en materia política. Sí vetamos, a través de estos filtros, a varias personas. Varias por corrupción, no tengo la cifra exacta, pero fueron varias personas, quizá un par de decenas”, explicó.
García Repper recordó que como parte del proceso de evaluación, se enfrentaron a problemas con las bases de datos, pero sostuvo que ello no afectó la revisión.
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Recalcó que si hay “impresentables” en la lista de aspirantes, es culpa del Comité de Evaluación del Poder Judicial.