Cuatro de cada 10 han sufrido algún tipo de en sus planteles y el 90% de estas agresiones son verbales, mientras que cinco de cada 10 estudiantes han presenciado faltas de respeto hacia maestros.

Ante este panorama, la organización civil (ECR) llamó a implementar protocolos específicos de protección docente, establecer corresponsabilidad entre familias y autoridades, y fortalecer la formación en manejo de conflictos.

Expresó que el reciente caso de violencia en un plantel de Michoacán no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de agresiones contra el magisterio en el país.

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Salón de clases. Foto: Pixabay
Salón de clases. Foto: Pixabay

Entre los antecedentes se encuentran incidentes en la Universidad Tecnológica de Tulancingo (2022), así como ataques de padres de familia en Cuautitlán Izcalli (2023) y Naucalpan (2024), y agresiones de estudiantes en entidades como Tabasco, Guanajuato, Coahuila, Baja California (2023) y el CCH Sur en la Ciudad de México (2025).

Indicó que cerca del 35% de los estudiantes ha presenciado conflictos entre padres de familia y profesores. Por su parte, la Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros (2024) documenta que una proporción significativa del magisterio enfrenta agresiones dentro del entorno escolar.

A este contexto se suma el impacto en la salud del profesorado: más del 30% considera su trabajo altamente estresante, cerca del 80% presenta agotamiento laboral y una de cada seis maestras enfrenta depresión severa.

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Salón de clases. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
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Patricia Ganem, coordinadora del Observatorio de la Educación de ECR, señaló que esta situación responde a un vacío institucional que ha debilitado la autoridad pedagógica en el aula sin generar mecanismos de protección.

“Miles de maestros enfrentan el dilema entre intervenir ante conductas violentas —con riesgo de sanciones o denuncias— o la omisión forzada por falta de respaldo”, explicó.

En el mismo sentido, la coordinadora nacional de esa ONG, Paulina Amozurrutia, afirmó que no se ha construido una política integral que articule responsabilidades entre Estado, familias y sociedad.

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“No han querido reconocer que México vive una ola de violencia que también está presente en las escuelas y afecta a los más vulnerables”, sostuvo.

Ganem agregó que pese a las condiciones adversas, el magisterio continúa desempeñando su labor con compromiso, muchas veces a costa de su propia seguridad y bienestar.

Ante este escenario, Educación con Rumbo planteó tres acciones prioritarias: implementar protocolos para prevenir y atender la violencia escolar con mecanismos específicos para docentes; establecer esquemas claros de corresponsabilidad entre familias, autoridades y comunidad educativa; e incorporar formación especializada en gestión de conflictos y habilidades socioemocionales.

La organización advirtió que el entorno actual ha colocado a niñas, niños y adolescentes en el centro de la política educativa, pero sin generar herramientas que respalden al profesorado, lo que ha derivado en un debilitamiento de su papel dentro del aula.

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