Michoacán.— Mientras el personal operativo policial y administrativo trabajaba sin agua, luz y drenaje en instalaciones en malas condiciones, el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contaba con áreas reservadas con suites con acabados de lujo en los siete cuarteles que ordenó construir en su administración y que costaron más de 5 mil millones de pesos, por los cuales hoy es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR).
En un recorrido que hizo EL UNIVERSAL a los cuarteles, se constató que en cada complejo se contemplaban tres áreas.
El cuartel policial, que consistía en el proyecto de dos o tres dormitorios, comedor, cocina, peluquería, gimnasio al aire libre, oficinas administrativas, lavandería y un centro estatal de comando, comunicaciones, cómputo, control, coordinación e inteligencia (C5i).
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Además, un complejo adjunto denominado Sistema Integral de Servicios (SIS), que servía como la sede de oficinas de gobierno para atención “inmediata”.
También un “búnker”, que es en realidad una suite de lujo, con una recámara principal y dos secundarias con baño completo y terminados finos en cada una; una sala-comedor con muebles costosos, y en el exterior, un helipuerto y una estancia con techumbre y asador.
Excepto estas áreas llamadas también “casas de gobierno”, porque fueron construidas para uso del mandatario estatal, la mayoría de los cuarteles presentan problemas de filtración de agua y drenaje deficiente en los dormitorios.
Fuentes que pidieron el anonimato indicaron que esos “búnkers” eran para el exgobernador, que a veces llegaba directo, sin saludar al personal. Sólo tenían acceso a esa área el personal administrativo y los encargados de la limpieza.
Malas condiciones
En la mayoría de los complejos no funciona el C5i, debido a que no fueron terminados y están en obra negra, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal tuvo que buscar un espacio fuera de los cuarteles para la operación de esa central.
Los espacios designados para las armerías no cumplieron las características y requerimientos que exige por norma la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que orilló a las autoridades a acondicionar un nuevo espacio.
Eso implica que el personal tenga que recorrer hasta 700 metros para tomar sus armas, en caso de alguna emergencia.
De los 11 cuarteles, la construcción de siete es parte de la investigación por la que se le persigue al perredista, quien junto a sus funcionarios los arrendó a sobreprecio, con contratos ilícitos y mala edificación e infraestructura por un monto mayor a 5 mil millones de pesos.
Todos los cuarteles fueron contratados bajo el esquema de arrendamiento financiero a la empresa DyF S.A de C.V.
En 2016, el gobierno de Aureoles Conejo firmó los contratos de proyectos, servicios y arrendamiento de los complejos de Huetamo, Coalcomán, Apatzingán, Jiquilpan y Zitácuaro; en 2017, los de Lázaro Cárdenas y Uruapan.
Uruapan
Para las autoridades actuales, el cuartel de Uruapan es un caso sin precedente, porque se firma el 12 de diciembre de 2017, pero la propiedad se adquiere hasta el 15 de marzo de 2018 y se inaugura, sin hacer la entrega formal al gobierno del estado, el 21 de junio de 2019.
En este caso, el terreno fue una donación del ayuntamiento de Uruapan al gobierno del estado y luego resulta que el gobierno del estado se lo compra a la inmobiliaria DyF, lo que significó que la autoridad estatal compró a la empresa su propio terreno, que además le había sido donado.
El cuartel presenta una mala infraestructura para el servicio de agua, por lo que deben adquirir pipas con el ayuntamiento local para abastecer las necesidades del personal operativo (cerca de 600 elementos).
Otras de las deficiencias en la construcción del mismo y por la que el gobierno silvanista pagó cantidades exorbitantes es el funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales, la cual trabaja en ocasiones a no más de 3% de su capacidad.
La planta tratadora y su entorno despiden un olor fétido, pues las aguas residuales se estancan en uno de los lugares de acopio que están al aire libre, lo que genera un ambiente nauseabundo.
A eso se suma la mala calidad de los calentadores y del bóiler, incluso por las fugas de gas que había en la instalación policial cuando fue entregada por las autoridades.
Eso ocasionó, entre otras cosas, que el personal empezara a enfermarse de gastroenteritis o de las vías respiratorias, sobre todo durante las temporadas de lluvias e invernal.
Las cañerías, las filtraciones de agua y la defectuosa estructura de la edificación se convirtieron en otro problema en los dormitorios, así como en los baños y accesorios de las regaderas de los agentes.
Las lámparas, los mingitorios, los excusados, el mosaico, la tubería y las regaderas tienen que ser cambiadas o reparadas por lo menos un par de veces al mes.
Esos defectos también los presentan varios de los sanitarios, duchas y lavabos que no funcionan o fueron clausurados al quedar definitivamente inservibles.
El cuartel de Uruapan, es uno de los que no cuentan con el C5i dentro de sus instalaciones, debido a que nunca fue terminada la nave y mucho menos habilitada o equipada, por lo que hoy es sólo un cascarón en obra negra y sin infraestructura eléctrica.
En contraste, el “búnker”o casa de gobierno donde pernoctaba el entonces gobernador y sus colaboradores era una lujosa suite.
Ese apartamento está equipado como en el resto de las bases, con suficientes equipos de aire acondicionado, bóilers en buenas condiciones e instalaciones de agua, luz, gas y drenaje de alta gama.
Por ese cuartel, asentado en una superficie de 38 mil 254 metros, el gobierno silvanista pagó a la empresa por el proyecto ejecutivo, arrendamiento y mantenimiento, un importe total de 571 millones 180 mil 566.63 pesos y lo “adquirió”, cuatro años después, en 304 millones 259 mil 898.21 pesos, lo que significa una erogación total de 875 millones 440 mil 464.84 pesos.
Apatzingán
La firma del contrato de arrendamiento entre la empresa DyF S.A. de C.V., fue el 9 de septiembre de 2016; sin embargo, la empresa adquirió la propiedad hasta el 23 de octubre de 2019 y se inauguró meses después el 26 de marzo de 2018.
Es decir, que en este caso también hubo una simulación de contrato, con una propiedad inexistente en ese momento, o de la que no era dueño ni el gobierno ni la empresa.
El importe total del proyecto ejecutivo, arrendamiento y mantenimiento fue pagado en 452 millones 141 mil 364.95 pesos, pero resultó comprado, también cinco años después, en 239 millones 853 mil 393.40 pesos, por lo que la erogación total ascendió a 691 millones de pesos 994 mil 758.35 pesos.
Este cuartel también presenta problemas severos de drenaje, filtraciones de agua y daños en las paredes, regaderas y sanitarios de los dormitorios, donde se han desprendido los azulejos.
Como resultado, sólo hay cuatro sanitarios y cinco regaderas para los 50 o 60 policías que pernoctan por turno en este complejo policial.
En este y otros casos, la empresa no daba mantenimiento a la infraestructura, pero sí conservaba en óptimas condiciones el lujoso “búnker” o casa de gobierno.
Lázaro Cárdenas
Por el cuartel en Lázaro Cárdenas el gobierno de Aureoles Conejo pagó a sobreprecio 610 millones 575 mil 034.24 pesos el proyecto ejecutivo, arrendamiento y mantenimiento, así como 335 millones 106 mil 004.65 pesos de compra, también sin tener la propiedad, por lo que el total erogado sumó 945 millones 681 mil 038.89 pesos, lo que lo hace el cuartel más caro de los siete en cuestión.
La Secretaría de Marina (Semar) actualmente ejerce el control operativo y administrativo de la base policial, junto a la Secretaría de Seguridad Pública estatal; sin embargo, este cuartel presenta graves fallas estructurales en el sistema de drenaje, al grado de que se llega a inundar en tiempo de lluvias, y se originan socavones de más de un metro y medio de profundidad.
Debido a la altura de hasta 60 centímetros que llega a registrar la inundación del complejo en el puerto del Pacífico, el generador de luz sufrió un importante daño y requiere mantenimiento frecuente.
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Cuarteles a modo
Los cuarteles de Jiquilpan y Coalcomán presentan daños de origen en las estructuras y servicios de las naves, al igual que el resto de los complejos policiales; no así los que fueron construidos en Huetamo, la tierra natal de Aureoles Conejo y en Zitácuaro, donde fue alcalde y también echó raíces, que están en mejores condiciones. Sin embargo, esos cuatro cuarteles también fueron arrendados y luego adquiridos a sobreprecio y sin que la empresa o el gobierno del estado tuvieran la propiedad.