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Pese al cada vez mayor involucramiento de niños y adolescentes en las filas del crimen organizado, el Estado lleva 14 años sin cumplir las recomendaciones de la ONU para tipificar el delito de reclutamiento forzado y crear programas integrales para rescatar y dar apoyo a las víctimas.
En 2011, el Comité de Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones para reconocer y tipificar en el Código Penal el delito de reclutamiento forzado, crear programas integrales de desvinculación, rescate, inserción social y tratamiento sicológico especializado para quienes han sido afectados, y la construcción de una cultura de paz desde los territorios, con especial énfasis en las escuelas.
Para especialistas en temas de seguridad y activistas a favor de los derechos de las infancias es urgente que el Estado cumpla con esas recomendaciones, sobre todo porque ahora se conoce que el agresor del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, tenía entre 17 y 19 años.
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“Resulta preocupante que durante 14 años el Estado Mexicano no haya atendido estas recomendaciones, lo que ha permitido el incremento de narrativas populistas punitivas —como la falaz justificación de que las personas adolescentes en conflicto con la ley son impunes y liberadas rápidamente— estimulando propuestas legislativas que pretenden reducir la edad penal o incrementar las sanciones, vulnerando derechos humanos y contraviniendo tratados internacionales de justicia restaurativa”, dice Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Al respecto, David Saucedo, especialista en temas de seguridad, señala que son los grupos de la macrocriminalidad los que suelen ingresar dentro de sus filas a menores de edad, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana.
“En muchos estados controlados por el crimen organizado emplean a los menores de edad porque evidentemente no pueden ser procesados como los adultos, por lo que no pisan la cárcel. En ocasiones hacen trabajo comunitario, están en centros de detención que no son propiamente cárceles y rápidamente salen y vuelven a delinquir. Entonces, en esta perspectiva, los cárteles grandes, chicos, medianos reclutan jóvenes, también porque su salario es de bajo monto”, explica.
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El experto asegura que muchos de los adolescentes que se enrolan con los cárteles de las drogas enfrentan algún tipo de adicción porque son reclutados en los llamados anexos, que en teoría tendrían que ser centros de rehabilitación.
Saucedo resalta que la falta de opciones educativas, de empleo, de deporte y de sano esparcimiento también son factores que llevan a los cárteles a reclutar niñas, niños y adolescentes.
“El país no tiene la capacidad de crear los empleos de los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa. Tenemos un déficit de absorción de jóvenes que terminan la secundaria para pasar a la preparatoria. Además, ha pesado mucho la narcocultura, esta idealización de la vida delictiva que lleva a muchos menores a querer ser narcotraficantes, bajo el supuesto de que van a mejorar su nivel de vida, van a tener movilidad social, de que van a tener fama y fortuna”, comenta.
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Pérez señala que la decisión de no atender las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre el reclutamiento forzado de personas menores de edad ha trascendido a gobiernos de distintos partidos políticos.
“Estas recomendaciones llegaron cuando estaba Felipe Calderón, que inició la guerra contra el crimen. Posteriormente [Enrique] Peña Nieto ignoró estas recomendaciones. Andrés Manuel López Obrador, aunque las firmó como candidato a la Presidencia, posteriormente no sólo no cumplió con regresar a los militares a los cuarteles, sino que incrementó el presupuesto y amplió la guerra. Y ahora la Presidenta [Claudia Sheinbaum] tiene la oportunidad de hacerlo, porque además tiene mayoría en las Cámaras”, refiere.
Afirma que invertir en los niños y adolescentes sería lo mejor para el país en términos de perspectiva y futuro. “Pero hace mucho tiempo que perdimos las políticas de Estado”.
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Luis Antonio Mata, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Universidad Iberoamericana, asegura que la creciente vinculación hacia la narcocultura, la precarización laboral, el estancamiento de temas educativos, la pobreza, la falta de seguimiento a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, la falsa sensación de poder y de pertenencia, la ausencia del civismo y el aumento de la violencia en México generan que los adolescentes se sientan atraídos al narcotráfico.
“Existe un conjunto de símbolos de riqueza, de poder y reconocimiento que le faltan a nuestros jóvenes y que en buena medida la figura de la troca, la chica buchona, el dinero, las armas, los tatuajes suponen para algunos adolescentes una muy fuerte atracción de vinculación y construcción identitaria”, expresa.
Precisa que debido a sus condiciones de vida están dispuestos a incorporarse y a tener oportunidad de vincularse como halcones y sicarios para subir en una estructura jerárquica a la que le otorgan legitimidad porque ven réditos de manera inmediata.
“Vivir menos, pero disfrutar más parece ser una apuesta que muchos jóvenes también han asumido. Frente a la ausencia de referentes culturales que correspondan a una vinculación positiva para su desarrollo personal, este tipo de arquetipos violentos de poder representan un camino y, para muchos jóvenes, un camino deseado”, expresa.
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