Un total de 36 aspirantes al Poder Judicial recibieron 136 contratos públicos entre 2018 y 2024, y en más de 90% de los casos, por adjudicación directa, práctica que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) “aumenta la discrecionalidad y afecta la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, hasta el punto que pueden generarse episodios de corrupción entre actores públicos y privados”.
La investigación, hecha por el Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA) denominada Análisis de Contratos Públicos asignados a Candidatos en la Elección del Poder Judicial a nivel federal, en poder de EL UNIVERSAL, revela los nombres de candidatos a jueces, magistrados y ministros que fueron contratados como personas físicas, por dependencias federales, órganos autónomos y gobiernos locales como los de la Ciudad de México y Nuevo León. Incluso, destaca un aspirante registrado como persona moral, al ser propietaria de una empresa que obtuvo contratos por más de 29 millones de pesos.
En el caso de Noé Munguía Patricio, aspirante a juez federal, obtuvo entre 2018 y 2024, un total de 20 contratos por más de 10 millones de pesos para brindar servicios de vigilancia y limpieza en ocho instituciones federales y del estado de Nayarit, casi todos por adjudicación directa.
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De acuerdo con su currículum, Munguía Patricio es capitán retirado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2014, y trabajó en la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Tepic, Nayarit, de 2014 a 2017. Ahora es representante y accionista de la empresa Seguridad Privada Estratégica y Mantenimiento Profesional, S. de R.L. de C.V., que ha sido contratada por adjudicación directa para ofrecer el servicio de vigilancia y mantenimiento en dependencias y órganos autónomos como el InegI, Diconsa-Segalmex, Secretaría del Bienestar, INE, Universidad Tecnológica de Nayarit, el Tribunal Superior Agrario, con sede en Nayarit, y la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Nayarit.
También figura Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, quien compite como magistrado para el Tribunal Colegiado de Circuito en la Ciudad de México y ha sido beneficiario de 13 contratos por 3 millones 657 mil 220 pesos. De ese total, cinco de los contratos fueron otorgados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por sus servicios como asesor.
Otro “amigo del gobierno” es Rafael Gutiérrez Guzmán, aspirante a juez de Circuito en Michoacán, quien ha recibido 5 millones 72 mil 68 pesos del gobierno federal a través de nueve contratos con la Agencia Nacional de Aduanas de México, operada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Marina (Semar).
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El total de contratos de Gutiérrez Guzmán se otorgaron por adjudicación directa para dar el servicio de “atención y seguimiento en la vía judicial y/o extrajudicial a los incumplimientos contractuales en que incurran los cesionarios, prestadores de servicios portuarios y conexos, así como los proveedores”.
En la lista está Emilio Román Egea Esquivel, candidato a juez del Distrito Judicial 7, quien ha recibido nueve contratos del gobierno federal por un millón 191 mil 59 pesos con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Los nueve contratos fueron por adjudicación directa durante los años 2019, 2022 y 2021, en todos los casos por concepto de “prestación de servicios”, sin que se conozcan más detalles al respecto.
Patricia Sandra Vázquez Padilla, quien busca ser jueza en el Distrito Judicial 11, ha sido beneficiaria de seis adjudicaciones directas con la Agencia Nacional de Aduanas de México por 4 millones 16 mil 322 pesos para brindar el servicio de “organización y seguimiento a las actividades y procedimientos en materia de acuerdos internacionales e interinstitucionales, que realice la administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., y la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria”.
En su mayoría, los 31 perfiles obtuvieron adjudicaciones directas para brindar cursos, talleres y ponencias académicas, con excepción de la candidata a jueza Sharon Leslie Barrios Monroy, a quien el Instituto Nacional Electoral le dio un contrato por adjudicación directa el 9 de julio de 2021 por concepto de Pago por la compra de tamales que se repartieron el día de la jornada electoral, se indica.