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Las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado acordaron presentar este miércoles una terna de aspirantes a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), integrada por Paulina Hernández Diz, María del Rosario Piedra Ibarra y Nashieli Ramírez Hernández.
De acuerdo con el proyecto de dictamen que circula entre los senadores de ambas comisiones, estos son los mejores perfiles de entre las 47 personas que se registraron y comparecieron la semana pasada.
La actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, quien busca su reelección, fue incluida en la terna pese a la división que su postulación provocó en el grupo parlamentario de Morena.
La propuesta de terna será votada este miércoles en sesión de comisiones Unidas y una vez aprobada se presentará ante el Pleno esta misma semana.
Rosario Piedra Ibarra
Piedra es licenciada en Psicología y maestra en Psicopedagogía. Milita en Morena y es integrante del Comité Eurelka, que fundó su fallecida madre, la luchadora y activista social Rosario Ibarra.
Paulina Hernández
Originaria de Guadalajara, Paulina Hernández tiene licenciatura en Derecho y maestría en Derecho Constitucional. Ha fungido como secretaria ejecutiva del Instituto Jalisciense de las Mujeres relatora especial en Derechos Humanos de las Mujeres en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. Actualmente trabaja en la Unidad para la igualdad de la Universidad de Guadalajara.
Nashieli Ramírez
Por su parte, Nashieli Ramírez actualmente es presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Es especialista en Investigación Educativa y Ejercicio de la Docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con diplomados en Planeación y en Gobierno Local, Seguridad y Justicia.
La propuesta de terna será votada este miércoles en sesión de comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia, y una vez aprobada se presentará ante el Pleno esta misma semana.
Más de 70 ONG exigen al Senado elegir ombudsperson independiente e imparcial
Más de 70 organizaciones civiles llamaron a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República para que el próximo ombudsperson cuente con amplio conocimiento en materia de derechos humanos y con demostrada independencia e imparcialidad para estar al frente de dicha institución.
En un comunicado, indicó que la designación de quien asumirá la presidencia de la CNDH cobra una relevancia sustancial para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de quienes viven o transitan por México, institución fundamental ante la grave crisis de derechos humanos, violencia e impunidad que atraviesa el país.
“Esta grave crisis se evidencia en algunos datos como que en nuestro país son asesinadas en promedio 10 mujeres cada día. De estos crímenes, al menos una tercera parte son investigados como feminicidios y la mayoría de ellos quedan impunes. Las cifras oficiales contabilizan ya más de 115 mil personas desaparecidas y no localizadas; de éstas, se tiene el dato de que cerca de mil personas extranjeras han desaparecido y que existe un incremento en los últimos tres años, según cifras oficiales”, dijo.
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Señaló que frente a un Estado que no busca, son las propias familias –mayoritariamente las mujeres– quienes se abocan a la tarea de buscar con sus propios recursos y herramientas a sus seres queridos, exponiéndose a numerosos riesgos que incluyen asesinatos, desapariciones, desplazamiento forzado, afectaciones a la salud, empobrecimiento, estigma y criminalización.
Destacó que México está considerado como altamente peligroso para defender los derechos humanos. En 2023, fueron asesinadas en México 18 personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Las personas que ejercen el periodismo también lo hacen frente a graves riesgos y amenazas que incluyen asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado.
Expresó que los Principios de París –que refieren al funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos– establecen que el nombramiento de sus titulares “deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la participación”.
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bmc / mahc
