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La Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Leticia Ramírez Amaya, ya realiza lo necesario para la prueba piloto PISA y así garantizar la participación en esta evaluación que aplicará la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a estudiantes de 15 años en 2025, informó la organización civil Educación con Rumbo (ECR) que lidera Paulina Amozurrutia Navarro.
“El cumplimiento de la suspensión definitiva por parte de la SEP abona a la construcción del Estado de derecho considerando que el derecho humano a la educación debe privilegiarse de manera corresponsable por las autoridades y sociedad civil”, dijo el abogado de la ONG, Miguel Ángel Ortiz Gómez.
Reconoció la labor del Poder Judicial de la Federación para salvaguardar el derecho humano más importante de los niños hoy en día en México: el derecho a la educación.
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La suspensión definitiva dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del amparo 840/2024, fue acatada por la SEP y acreditó ante el Juzgado de Distrito encontrarse en el proceso para realizar el pago de 181 mil 216 euros a la OCDE para que la prueba PISA se realice.
La organización civil Educación con Rumbo obtuvo el 17 de mayo pasado una suspensión definitiva para que la SEP y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) realicen los trámites para llevar a cabo la prueba.
La suspensión definitiva fue dictada con el número de expediente 840/2024 por la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien determinó conceder la suspensión definitiva.
Amozurrutia Navarro invitó a la SEP, y en particular al equipo de transición de la virtual ganadora a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, a trabajar de manera coordinada y corresponsable en el diseño del Programa Sectorial de Educación 2024-2030, refiriendo que “Educación con Rumbo pone a disposición de las autoridades toda la infraestructura técnica y humana a fin de trabajar de manera corresponsable en la construcción de las políticas públicas que México requiere en materia de educación”.
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Aunque a México no le ha ido nada bien en la prueba PISA, especialistas y organismos civiles destacan que los malos resultados no deberían ser justificante para abandonar PISA, pues argumentan que la prueba ha sido un faro que ha permitido iluminar la efectividad del sistema educativo nacional con base en uno de los factores más importantes: medir la capacidad de los estudiantes de 15 años del país.
Desde el ingreso de México a la prueba PISA, en el año 2000, y hasta 2018 se tuvieron avances marginales, los cuales empezaron a llegar a los niveles de 2022, en los que prácticamente el país regresó a la situación de principios de este siglo, dice Erik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos.
“PISA ha sido certera en su diagnóstico, pero los gobiernos mexicanos, desde Vicente Fox hasta Andrés Manuel López Obrador, no han aplicado las políticas públicas necesarias para revertir los puntajes obtenidos. La indiferencia y simulación son causales importantes del estancamiento, porque desde 2000 a la fecha no ha habido una sola política pública que haya sido diseñada, presupuestada e implementada universalmente para mejorar los resultados nacionales de esa evaluación”, aseguró.
Resaltó que “PISA ha evidenciado que México lleva décadas de estancamiento en los conocimientos y habilidades de matemáticas, lectura y ciencias, una tendencia que se agudizó por la pandemia de Covid-19, pero considera que, más allá de los resultados que se han obtenido, es importante no apagar ni distorsionar esa lámpara que ha permitido conocer lo que antes de PISA no se sabía con certidumbre.
Expresó que PISA representa una radiografía de lo que ha pasado en el país en materia de aprendizajes, lo que muestra que se deben redoblar esfuerzos para poder avanzar al respecto.
