Los colectivos Unidos por la Salud de los Mexicanos y Movimiento por la Patria, junto con el diputado del PAN, Éctor Jaime explicaron que presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el manejo de la pandemia por y el sistema de salud en México.

Los organismos explicaron que el estado de regresividad y privación de los derechos humanos a la salud sigue empeorando actualmente en nuestro país, “nos han obligado a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que con sus potestades y alcances aperciba al Gobierno de México con el objeto de que tales irregularidades no vuelvan a ocurrir”, dijeron.

Denunciaron que registró una de las más altas mortalidades por Covid-19: en el mundo, ya que la Ciudad de México registró la más alta letalidad entre los 32 estados de la República Mexicana y 825 mil mexicanos fallecieron “mortalidad excesiva por negligencia”.

Agregaron “la marginación del Consejo de Salubridad General (CSG) para controlar la pandemia de Covid-19 incidió en una atención deficiente y tardía, en muertes evitables y en la ruina moral y económica de muchas familias. Durante meses el Consejo de Salubridad General fue desmembrado, expulsando de su seno instituciones primordiales, tales como la UNAM, el IPN, la Academia de Pediatría y FUNSALUD, entre otras”.

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Además, los colectivos refirieron que, desde hace cinco años en la gestión y operación del sistema de salud en México incrementaron diversas enfermedades, el aumento de la mortalidad que impactó en el bienestar de la población y en un claro descenso de la expectativa de vida. “Si no se corrigen, auguramos que el pronóstico para la salud de los mexicanos empeorará en un plazo próximo”, sentenciaron.

Ante la mala gestión de la pandemia de Covid-19, el colectivo reiteró que se suscitó con lo siguiente: la vacunación inapropiada y reducida de la población mexicana contra el virus ocasionó innumerables pérdidas de vidas humanas.

Asimismo, la discriminación en la del cuerpo médico del sector privado incurrió en una clara violación de los Derechos Humanos de médicos, personal de enfermería, ayudantes, camilleros, choferes y auxiliares. Esta negligencia derivó que México tuviera, durante la pandemia, el más alto índice mundial de muertes en los prestadores de servicios del sector de salud.

Otro punto que enfatizaron son los mensajes oficiales a la población mexicana, el colectivo subrayó que fueron equivocados, “desdeñaron la ciencia y uso del cubrebocas; no se utilizaron las pruebas diagnósticas requeridas para la detección y el control de los casos de la Covid-19; con cifras falsas o engañosas privilegiaron ‘la fuerza moral’ para favorecer la ideología política”, denunciaron.

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Así como la conversión de los hospitales, tanto de los generales como de los de alto nivel, en hospitales de concentración exclusiva para enfermos con Covid-19, implicó la desatención tanto de las enfermedades no infecciosas como de las usualmente prevalentes. Los niños y las mujeres fueron especialmente afectados.

El gobierno de la Ciudad de México utilizó experimentalmente, en forma inadecuada como irresponsable, un antiparasitario para tratar a miles de pacientes, la ivermectina, sin respaldo ni aval científico, con un protocolo de investigación sin autorización expresa de los comités de ética nacionales o internacionales ni de la autoridad sanitaria ni, tampoco, con la autorización por escrito de los pacientes (consentimiento informado). Su objetivo era claramente imprudente y convenenciero para ahorrar hospitalizaciones; conformó una evidente muestra de violación a los Derechos Humanos.

También durante la pandemia de Covid-19, las interrupciones de los han afectado a 23 millones de niños que no recibieron las vacunas en 2020 (3.7 millones más que en 2019, la mayor cantidad desde 2009). El Programa de Vacunación Universal, creado en México en 1991, era ejemplar. En la actualidad el suministro continuo y adecuado de vacunas para los 2.2 millones de niños y niñas que nacen cada año en México es notoriamente insuficiente.

Finalmente afirmaron “que ha sido pertinente haber acudido recientemente a Washington, a la OEA, para hacer patente ante el mundo, mediante la intervención de la CIDH, el estado de regresividad y flagrante privación de los derechos humanos a la salud, que siguen empeorando en la actualidad en nuestro país México, para que con sus alcances procedan en consecuencia”.

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