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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida por Rosario Piedra, aseguró que no encubre a ninguna autoridad y no oculta ni maquilla cifras de desapariciones forzadas.
“No se tiene ninguna agenda para ocultar o maquillar cifras; se actúa con transparencia, honestidad y ética de servicio público”, afirmó
A través de un comunicado, el organismo se lanzó contra el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, al argumentar que su opinión no representa a la de la comunidad internacional.
“Su opinión no representa lo que pueda opinar la comunidad internacional, y puede ser sujeta a debate y a contrargumentos”, expresó.
Dijo que algunos discursos se han empeñado en argumentar que las instancias de gobierno y organismos autónomos se muestran omisos ante el fenómeno de la desaparición forzada y no trabajan para prevenirlo ni atender a las víctimas.
“Tenemos claro que existe mucho trabajo por hacer, y lo estamos y seguiremos haciendo de la mano de las víctimas, nos llama la atención lo que parece ser un esfuerzo concertado desde algunos espacios mediáticos y de opinión para generar una visión acotada y políticamente interesada sobre las causas de las desapariciones”, refirió.
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Indicó que organizaciones civiles, colectivos de búsqueda, familiares de víctimas, personas académicas y activistas firmaron un documento donde señalaron que enviaron al CED un informe paralelo en el cual, entre otros puntos, se pide “la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento que ayude al Estado mexicano a determinar las causas de las desapariciones, a establecer un programa nacional de prevención, a procesar debidamente a los responsables, reparar a las víctimas y buscar a las personas desaparecidas e identificar los cuerpos y fragmentos acumulados en los servicios forenses del país”.
Explicó que esta solicitud ignora que existe ya un entramado jurídico e institucional que, en los últimos años, se ha fortalecido precisamente para promover e implementar políticas de Estado contra la desaparición forzada, de atención a familiares y de carácter preventivo.
“Se trabaja en enfoques integrales que consideren las múltiples dimensiones, causas y consecuencias de las desapariciones. El sugerir que una instancia extranjera se debe encargar de tareas como el procesamiento de personas responsables, atenta contra la soberanía misma del pueblo de México y se aleja de cualquier forma de solución estructural a los problemas que en efecto nos aquejan, pero que estamos atendiendo”, agregó.
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