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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Poder Legislativo para generar prontamente la derogación de los preceptos que penalizan la práctica del aborto en el Código Penal Federal para que el país transite hacia la máxima protección y respeto de los derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, sin ser nunca más criminalizadas y sujetas a investigaciones ministeriales o enfrentar alguna medida de internamiento y de prisión por la interrupción de un embarazo.
“La CNDH considera necesario brindar una protección adecuada del derecho a la salud sexual y reproductiva, lo que necesariamente conlleva a la toma de medidas para que este ejercicio sea posible, seguro y accesible para todas las mujeres y personas gestantes que así lo deseen y, en su caso, puedan interrumpir el embarazo no solamente en condiciones de legalidad sino en ejercicio pleno de su voluntad, sin que su salud y vida corran peligro alguno”, dijo el organismo en un comunicado.
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Expresó que es preciso que en el ejercicio libre y voluntario de los derechos sexuales y reproductivos, se evite la penalización del aborto, pues vulnera la dignidad de la mujer y de las personas gestantes; afecta trascendentalmente la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, al impedirles elegir el propio proyecto de vida conforme a sus convicciones internas; crea un mecanismo de violencia de género que refuerza roles que repercuten en la imposibilidad de alcanzar la igualdad sustantiva, y se lesiona su salud mental y emocional ante el impedimento de plantearse alternativas de decisión y de conducción de su propia vida.
También la Comisión Nacional exhortó a todas las instituciones de salud de la República a prestar servicios médicos con calidad, eficaces, seguros, centrados en las personas, oportunos, equitativos, integrados y eficientes, con equipo idóneo, para que las mujeres y personas gestantes puedan acceder a la interrupción del embarazo cuando así lo decidan, ejerciendo plenamente su libertad y sexualidad, sin que ninguna de las partes sea criminalizada o discriminadas por ello.
Precisó que ha dado seguimiento a las acciones que diversas autoridades penitenciarias han realizado para dar atención a los puntos propuestos en el “Pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres en prisión preventiva o sentenciadas que se encuentran internas en los centros penitenciarios del país por la comisión de delitos relacionados con la interrupción del embarazo, a la luz de la sentencia emitida por la SCJN” emitido en el año 2022 para que junto con el Instituto Federal de la Defensoría Pública o sus análogas en cada entidad y con las Fiscalías locales, realicen acciones a favor de las mujeres y personas gestantes que se encuentran enfrentando una investigación ministerial, medida de internamiento o que estén privadas de la libertad por haber ejercido la interrupción de su embarazo.
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Explicó que de las respuestas que a la fecha han enviado las autoridades invocadas, los 32 sistemas penitenciarios estatales, el sistema penitenciario federal y de prisiones militares, han referido que en los centros penitenciarios que albergan mujeres en sus entidades y en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 (CEFERESO 16) Femenil no se cuenta con mujeres en prisión preventiva o sentenciadas en prisión por haberse practicado un aborto o haber asistido en dicho acto.
Respecto de mujeres sentenciadas por el delito de aborto, de los 32 Poderes Judiciales locales, sólo nueve contestaron, y de éstos, el Poder Judicial de Campeche indicó contar con un caso, quien compurga su sentencia en libertad; así como el Poder Judicial de Yucatán informó sobre dos mujeres adolescentes a las que se les impuso la medida no privativa de libertad, coincidiendo ambas instancias en que dicha información fue enviada a las Defensorías Públicas regionales para su posible atracción.
Ante la información que han brindado diversas autoridades, la CNDH reiteró la urgente revisión en cada una de estas instituciones y en todas las entidades del país, a fin de que no existan casos de mujeres internas en centros penitenciarios por haber interrumpido su embarazo. Si a la fecha se identifica algún caso, pide que se generen acciones legales y administrativas articuladas que les permita obtener su libertad en poco tiempo, al haberse declarado inconstitucional sancionar tal conducta, máxime cuando el embarazo ha sido producto de una agresión sexual.
De igual forma, instó a que se realicen diligentemente los trabajos legislativos para despenalizar a nivel nacional la interrupción del embarazo voluntario y asistido, y así coadyuvar a la liberación inmediata de mujeres en reclusión que, en su caso, se lograran identificar para que se deje sin efecto o sin materia cualquier investigación ministerial, proceso penal, medida, sanción o sentencia que estén enfrentando en libertad.
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