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La emisión de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre los casos de tortura sexual en Atenco resulta “de especial relevancia”, en el marco de las discusiones para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“En tanto establece o reitera diversos criterios sostenidos por dicha instancia, que son vinculatorios para el Estado y que tendrán que ser tomados en consideración para que el resultado de dichas reformas no vulnere derechos humanos”, dijo.
El viernes pasado, la CoIDH emitió dos sentencias al Estado por los casos de tortura sexual que sufrieron las mujeres, uno es de San Salvador Atenco y el otro de Alvarado Espinoza, al igual que de la desapariciones forzadas de Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado, quienes fueron detenidos por militares en Chihuahua en 2009.
En el informe Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México, la sentencia ordena que en un plazo de dos años se genere un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México, y se establezca un mecanismo de monitoreo y fiscalización independiente para medir y evaluar a esas instituciones en la efectividad de los operativos en que participen y uso debido de la fuerza.
En el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, se incluyen criterios sobre el incremento en la participación del Ejército en las labores de seguridad ciudadana y la necesidad de que éstas sean fiscalizadas por órganos civiles.
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