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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) salió en defensa de Daniel Alfonso Luna Alcántara en Querétaro, quien fue detenido este jueves por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) al ser acusado de delincuencia organizada.
El organismo que conduce Rosario Piedra, precisó en un comunicado que inició ya las investigaciones sobre posibles irregularidades que se habrían producido durante la detención, estancia y traslado de Luna Alcántara a un centro penitenciario de Xalapa, Veracruz.
Indicó que a Luna Alcántara se le acusa de delincuencia organizada, en modalidad de terrorismo, por hechos que sucedieron en 2007. Específicamente se le acusa de estar detrás de sabotajes a Pemex.
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Y agregó que de una revisión de fuentes públicas disponibles se infiere que lo acusan de haber participado en acciones realizadas por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en ese mismo año, reivindicando la presentación con vida de dos de sus integrantes que fueron desaparecidos en el contexto de las movilizaciones de la APPO en Oaxaca.
Tras 18, reactivan persecución contra Daniel Alfonso Luna Alcántara
Manifestó que Luna Alcántara es un luchador social retirado, que en la década de los 90 participó, por la vía civil y pacífica, en todas las iniciativas del EZLN en Chiapas. Después de una estancia larga en Europa, regresó en 2010 a vivir a Querétaro, donde cuida a sus padres de 97 y 98 años y se dedica a sus negocios, actividades de conocimiento público.
Para la CNDH, resulta extraño que se reactive una averiguación previa de un hecho cometido hace 18 años, cuando estaba en el gobierno Felipe Calderón, un tiempo en el que prevalecieron la represión y persecuciones, incluida la fabricación de casos, como una forma de distracción o incluso de control social.
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Explicó que la acusación por el entonces fiscal Eduardo Medina Mora como fiscal, quien fue director del CISEN, secretario de Seguridad Pública, procurador General de la República, y después ministro de la vieja SCJN, cargo al que fue propuesto por Enrique Peña Nieto y al que renunció en 2019, tras acusaciones de corrupción y de emitir fallos que beneficiaron a grupos económicos, a narcotraficantes y políticos acusados de corrupción.
El organismo exhortó a las autoridades penitenciarias del estado de Veracruz, para que se garantice la integridad física y psicológica del detenido, así como también de quienes pretendan ingresar como su visita familiar, amigos y demás personas.
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